La nueva arquitectura local

Supone la gran asignatura pendiente de Euskadi, la única comunidad autónoma que todavía no ha cerrado su arquitectura institucional interna. El proyecto de ley Municipal, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, busca reconocer la "mayoría de edad" de los Ayuntamientos con un texto "municipalista", según destacó al presentarlo públicamente el propio lehendakari, Patxi López, quien recordó que incorpora la gran mayoría de las aportaciones realizadas antes del 22-M por la Asociación de Municipios Eudel.

Sus seis objetivos son garantizar la autonomía municipal para que los gobiernos locales tengan capacidad real de gestionar los asuntos bajo su responsabilidad; otorgarles la financiación adecuada; dotarles de herramientas para influir en los poderes públicos; delimitar su ámbito de competencias y marco de actuación para que los demás niveles de gobierno no puedan interferir de forma discrecional y mejorar el dialogo entre los municipios y sus vecinos. Las siguientes son algunas de las principales aportaciones del proyecto de ley, que ahora necesitará el apoyo del PP o del PNV para salir adelante en el Parlamento.

El PP recalca que no se siente obligado con un texto que no se les consultó

» Consejo Vasco de Finanzas. Los Ayuntamientos, a través de "la asociación de municipios con mayor implantación" (hoy Eudel), contarán con tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, los mismos que el Gobierno, por un lado, y las tres Diputaciones juntas. Los representantes corresponderán a los tres partidos más votados en los últimos comicios locales. Tendrán derecho a voto en las cuestiones que les afecten de forma directa. En las demás tendrán voz, pero no voto. Las instituciones negociarán en el Consejo el reparto de los tributos no concertados. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta, siempre y cuando haya un voto de cada nivel institucional. Ello implica un cambio puntual de la Ley de Territorios Históricos.

» Armonización. La cuantía destinada a las arcas municipales ya no será potestad exclusiva de los entes forales. El 50% del dinero se repartirá siguiendo criterios establecidos por el Consejo Vasco de Finanzas, entre los que deberán figurar la población de cada municipio y la presión fiscal en los tributos locales. La otra mitad se distribuirá siguiendo los criterios de las Diputaciones entre los municipios de cada territorio.

» Competencias. El texto enumera un total de 38 ámbitos de competencias propias —seguridad ciudadana, incendios, vivienda, medio ambiente, salud pública, consumo, cementerios, servicios sociales, comercio, cultura, euskera e inmigración, entre otras—. Los Ayuntamientos también podrán asumir otras que no estén atribuidas expresamente a otro nivel de gobierno, siguiendo el principio de subsidiariedad, como institución más próxima al ciudadano. En casos de concurrencia competencial, se actuará bajo los principios de coordinación y organización para evitar duplicidades innecesarias. Podrán ejercerlas en solitario o de forma conjunta asociándose con otras localidades.

» Transferencias. El Gobierno podrá transferir competencias a los municipios por una ley que deberá fijar la financiación correspondiente. También tendrá capacidad para delegar otras por decreto con el consentimiento de la entidad local correspondiente y otorgándole los medios materiales necesarios.

» Consejo Vasco de Políticas Públicas. La coordinación interinstitucional se realizará a través del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales. Este organismo, encabezado por el Gobierno en la persona del lehendakari o de un consejero, tendrá como vicepresidente al máximo representante de la "asociación de municipios con mayor implantación", junto a tres vocales de cada nivel. Los municipales corresponderán a los tres partidos más votados. Emitirá informes no vinculantes sobre el impacto sobre las competencias municipales que tendrán las iniciativas normativas, planes y programas. Podrá proponer recursos ante el Tribunal Constitucional si considera que se invade la autonomía municipal.

» Comisión Municipal. Dentro del citado Consejo se constituirá la Comisión Municipal de Políticas Públicas, compuesta solo por representantes locales, que actuará como mecanismo de alerta temprana examinando los anteproyectos o proyectos de ley para ver si invaden atribuciones de los Ayuntamientos. Se convierte así "en el órgano de garantía por excelencia de la autonomía municipal en Euskadi frente a la actuación de los poderes públicos", reza el texto. Si el Gobierno no llega a un acuerdo con los municipios en el Consejo Vasco de Políticas Públicas, podrá seguir con la tramitación del proyecto, pero deberá redactar un informe justificativo que se remitirá al Parlamento junto al texto legal en cuestión.

» Retribuciones. La Comisión Municipal podrá recomendar tablas de retribuciones para los ediles en función de la población del municipio y del tipo de dedicación —exclusiva o parcial—. Y podrá hacer lo mismo con las asignaciones de los grupos municipales.

» Iniciativas ciudadanas. Los vecinos podrán presentar iniciativas si tienen el apoyo de al menos un 10% de los residentes con sufragio activo. Estas podrán incluir una consulta popular municipal —salvo en materia Hacienda—, propuestas de actuaciones u ordenanzas. El pleno decidirá si se admiten antes de ser debatidas. Los ciudadanos tendrán derecho de acceso a los archivos y registros municipales y las denegaciones deberán justificarse en una resolución. La ley incluye la obligación de mantener una web municipal actualizada.

» Mancomunidades. Los municipios vascos podrán integrarse en mancomunidades para realizar obras o prestar servicios con Ayuntamientos de otras comunidades autónomas.