La reforma constitucional

Ya se ha explicado que la reforma constitucional que negocian el PP y el PSOE a propuesta del presidente del Gobierno, por la que se pretende limitar el déficit y la deuda pública, resulta aberrante desde el punto de vista económico. Suprimir para cualquier tiempo y circunstancias el déficit como herramienta de política económica anticíclica supone hipotecar el futuro de todos.

Es también un atentado contra la democracia. Vuela el pilar del consenso constitucional básico, que era que la Carta Magna creaba un marco amplio en el que cupiesen alternativas políticas dispares; a partir de la reforma, solo será posible una única política económica. Convierte en papel mojado la proclamación del carácter social de nuestro Estado de derecho. Y se hace esto a iniciativa de un presidente en tiempo de descuento, líder además de un partido político (el PSOE) que ha rechazado tal reforma hasta anteayer, y con los votos de un Parlamento a punto de disolverse. Se hace, añadamos, por la presión del Gobierno alemán y el Banco Central Europeo, esto es, en renuncia fraudulenta de soberanía no decidida en ninguna instancia democrática; por vulgar chantaje, para entendernos.

Pero es que además, la Constitución que se quiere modificar ya atesora la fórmula cuyo cumplimiento hubiese, si no evitado la crisis económica en nuestro país, sí reducido drásticamente su impacto. El artículo 47 de la Ley Fundamental, el que declara el derecho a la vivienda, prohíbe de forma explícita la especulación, ordena que las políticas de suelo la impidan y faciliten en cambio el derecho a la vivienda, y establece que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos, ofreciendo además la herramienta necesaria para lograrlo: los patrimonios públicos de suelo que la casi totalidad de los Ayuntamientos de este país han tenido a bien dilapidar en el altar del ladrillo. ¡Qué distinta sería nuestra situación hoy si las tres Administraciones no hubiesen incumplido pertinaz y miserablemente este mandato constitucional! Pues ahí está, a cumplirlo.- Ricardo Rodríguez del Río. Leganés, Madrid.

Si hay algo que la crisis económica actual nos demuestra, es el fracaso de los economistas. La crisis no fue prevista y no sabemos cómo salir de ella de una manera justa. La teoría económica y la política económica nos están ayudando poco.

En este sentido, es sorprendente la última medida que nos proponen Gobierno y oposición como receta mágica: reformar la Constitución para establecer un tope de déficit público. Si rebajar los impuestos es también de izquierdas, y si el presupuesto debe estar equilibrado de manera permanente no entiendo cómo vamos a poder mejorar por ejemplo la enseñanza y la sanidad públicas, ni atender a los desempleados o aplicar la Ley de Dependencia. El principio del equilibrio es sensato cuando se aplica a una situación aceptable y en condiciones de bienestar para la mayoría de la sociedad. No es el caso cuando las condiciones no son tales. Un tope por ley supone una rigidez innecesaria para un buen gestor y para un buen gobierno. Y si se está pensando en que el tope va a tener excepciones, para qué lo necesitamos en la Constitución. Una concesión más a esos mercados con los que tanto se nos atemoriza.-Ignacio Atorrasagasti. Madrid