"La licitación de obra pública es mínima"

Eduardo Beut, licenciado en Económicas por la Universitat de València, fue elegido presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana (Fecoval) a principios de agosto. Su condición de funcionario en excedencia le permite tratar con solvencia con las administraciones con las que trabajan los socios de Fecoval. La entidad se constituyó hace 25 años cuando un grupo de empresarios valencianos que trabajaban como subcontratistas de grandes constructoras de obra civil se agruparon para optar a concursos públicos sin necesidad de intermediarios.

Hoy contratan la mitad de las obras que licita la Generalitat, un porcentaje superior de las que licitan las corporaciones municipales y una cantidad muy reducida de los que contrata directamente el Estado. Generan en torno al 8% de la riqueza regional. Pero Beut teme que ese porcentaje caiga, porque "la licitación de obra pública es mínima", lamenta.

"Deberían premiarnos por crear empleo sobre el terreno"

"Tenemos un déficit de inversión estatal entre 2000 y 2011 de 9.453 millones"

"Ha sido imposible enmarcar un plan de pagos durante los últimos 4 años"

"Necesitamos que nos permitan pagar el IVA cuando nos paguen las obras"

Pregunta. ¿Cómo de mínima?

Respuesta. La licitación del Estado en la Comunidad Valenciana desde 2007 a 2010 ha descendido un 82%. En carreteras se ha reducido un 96%, pero sigue a la baja: de abril de 2010 a abril ha descendido otro 12%. La licitación de obras públicas de la Generalitat ha descendido desde 2007 un 68%. Y de abril de 2010 a abril de 2011, un 57%. Con estas cifras, el sector de la construcción tiene 93.000 parados. Si sumamos los inducidos -fontaneros, electricistas, etcétera- nos vamos a 140.000 parados.

P. ¿Y las obras del AVE?

R. El Estado ha invertido mucho en la red ferroviaria y de alta velocidad porque la inversión en este país no se hace por criterios de rentabilidad social, sino de rentabilidad política. Ninguna pequeña empresa de este país puede invertir en las máquinas que requiere la alta velocidad. Esas obras se las quedan todas las empresas grandes.

P. ¿Criterios políticos?

R. Somos el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad después de China. Pero el número de viajeros que transportan las líneas de alta velocidad es el 5% de lo que transportan en Japón o el 15% de lo que transportan en Francia. En Japón quebró el sistema y tuvieron que privatizarlo. Es una infraestructura preciosa, pero hay que hacer números.

P. ¿Qué hay del corredor mediterráneo?

R. Nuestra esperanza es participar para adaptar las antiguas vías convencionales hacia Madrid para que puedan circular trenes de 750 metros, para arreglar los nudos logísticos, las estaciones para que sean viables, la conexión Sagunto-Teruel-Zaragoza con el Cantábrico. Ahí hay mucha obra para empresas de nuestro tamaño y se puede licitar rápidamente.

P. ¿Espera que la Unión Europea impulse el corredor?

R. El corredor es imprescindible. Pero con las restricciones presupuestarias que hay, el ministro José Blanco todavía planteaba tres posibilidades cuando presentó su estudio. La central, por los Pirineos, que si se aprueba alguna vez sería Zaragoza Barcelona; la Norte, por Bilbao; y la del mediterráneo, que no es prioritaria y única, sino compartida con las otras dos. Además, la Unión Europea nos va a ayudar con un 10% de financiación, 30% en partes comunes con otros países y el 50% de los estudios siempre que nos comprometamos a pagarlo con el presupuesto español o vía mecanismos de colaboración público privada. Aún así, espero que Europa nos dé la razón y diga que se tiene que hacer.

P. ¿Pagan bien sus clientes?

R. El periodo medio de cobro para las empresas constructoras que trabajan para las Administraciones Públicas es de 170 días en promedio. Hay picos. En algunas Administraciones Locales se va a dos años, o más de dos años. En otras, a 60 días. Se han pagado en plazo el Plan E y el Plan Confianza, pero apenas han servido para tapar pequeños problemas de los ayuntamientos, para tenerlos contentos, y ellos, a su vez, han satisfecho a algunos pequeños constructores y contratistas a los que debían dinero.

P. La Generalitat asegura que es prioritario establecer planes de pago a lo proveedores, que es una obsesión del presidente...

R. Las obsesiones del presidente son mis obsesiones. Quiero expresar mi alegría ante este anuncio porque este verano ha abordado el asunto de forma muy general con tres consejeros y no lo veían claro debido a la situación macroeconómica y la volatilidad de la prima de riesgo. Hemos intentado enmarcar un plan de pagos durante los últimos cuatro años y ha sido imposible. Es imprescindible para dar confianza a las entidades financieras.

P. ¿Vale la ley de morosidad?

R. Con la nueva ley la cosa está peor porque las administraciones siguen sin pagarnos en plazo pero nosotros sí estamos obligados a pagar a nuestros proveedores en plazos determinados. Es más, nos ha prohibido los pactos expresos en contra. Ahora hay una directiva europea que permite pactar plazos de pago siempre que no sean lesivos para el proveedor. Debe transponerse a la legislación nacional antes de marzo de 2013. Y nos tememos que se traspondrá en febrero de 2013. Necesitamos que nos permitan pagar cuando cobramos, que vaya todo enlazado, porque, de lo contrario, lo que se produce es una financiación del cliente que no podemos soportar.

P. ¿Cómo van en impuestos?

R. El IVA se devenga cuando se recibe la obra, pero nos pagan dos años después, así que anticipamos mucho dinero. Y la Agencia Tributaria no admite como garantías las certificaciones de obras, recibidas, firmadas por el interventor de la Generalitat, o del Ministerio de Fomento. Esta ley hay que cambiarla, porque está asfixiando a las pequeñas y medianas empresas de este país.

P. ¿Funciona la financiación pública y privada?

R. La financiación público-privada está paralizada. Nosotros hemos perdido las instituciones financieras valencianas. Imagínate que se planteara un conflicto entre el corredor central y el corredor mediterráneo. ¿Tendría Bankia capacidad para financiar los dos? En este país, los primeros proyectos ferroviarios fueron privados. El marqués de Campo hizo el ferrocarril entre Valencia y Gandia. Lo mismo que en Barcelona la línea entre Barcelona y Mataró. La primera autopista del mediterráneo también se hizo con capital privado. Hoy en día veo muy difícil un José Campo en la sociedad valenciana.

P. ¿Cómo salimos de esta?

R. No saldremos si no distinguimos gasto productivo y gasto improductivo. Si seguimos reduciendo el gasto, si no gastamos de forma eficiente, seguiremos perdiendo competitividad. El gasto público está en el 47% de la inversión total, como en los países de nuestro entorno, pero no se gestiona de forma eficiente. Y recaudar. Es imprescindible introducir el copago en algunos servicios concretos.

P. La competitividad se asocia más con la industria...

R. Se habla mucho de la industria, de recuperar la industria, pero una economía actual debe sostener al menos un 7% de construcción de obra pública porque arrastra desde ingenierías y consultoras hasta fontaneros y electricistas. Este no es un sector al uso. No podemos fabricar nuestro producto en Marruecos y venderlo en China. Se habla mucho de internacionalizar las empresas para salvar la crisis, nosotros trabajamos sobre el terreno. Las grandes empresas constructoras, que sí están internacionalizadas, generan apenas un 22% de su facturación en España, el resto viene de fuera. Pero los empleos que generan, no se quedan en el país. Deberían premiarnos por eso.

P. ¿Cómo les afecta el choque continuo entre el Consell y el Gobierno central?

R. La llegada de Inmaculada Rodríguez-Piñero mejoró la sensibilidad hacia la Comunidad Valenciana, pero hay muchos convenios pendientes. Es difícil estar de acuerdo en todo, pero es imposible no estar de acuerdo en nada.

P. ¿Nos maltrata el Estado?

R. Considerando la inversión mínima por habitante en toda España en relación con la inversión mínima por habitante de la Comunidad Valenciana tenemos un déficit de inversión del Estado de 2000 a 2011, según datos de Manuel Miñés, gerente de la Cámara de Contratistas, de 9.453 millones de euros. Hablan de victimismo, pero no es así.