Un administrador de 'Hidalgo' deberá devolver su sueldo
Un tribunal ve ilegítimo su nombramiento por el juez Urquía
La actuación del exmagistrado Francisco Javier de Urquía en el juzgado número 2 de Marbella (Málaga) sigue trayendo cola cuatro años después de que le apartaran de la carrera judicial al descubrirse que había aceptado un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca.
El último frente está relacionado con el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, la causa que estaba instruyendo el juez Urquía cuando fue suspendido de empleo y sueldo. La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado 13 de junio que el administrador judicial que Urquía nombró en mayo de 2007 para gestionar los bienes de los implicados devuelva el sueldo que percibió durante seis meses porque fue designado de forma "ilegítima".
El gestor judicial percibió un salario total de 470.000 euros en seis meses
El tribunal, presidido por el magistrado Federico Morales, ha ordenado que el administrador Alfonso López-Pozas Lanuza reintegre los 14.490 euros que percibió por gestionar dos sociedades de Rafael Cruz Conde, dueño del bufete de abogados en el que se centró la investigación de blanqueo de capitales.
La decisión se ha adoptado después de estudiar un recurso del abogado Guzmán Lacalle Noriega, también implicado y socio de Cruz Conde. Fuentes cercanas al caso aseguran que todos los afectados por la administración judicial han tramitado recursos similares ante la Audiencia Provincial. Si se estiman, la cantidad que el administrador judicial debería devolver subiría a 470.000 euros.
El tribunal explica que la administración judicial de los bienes se acordó de forma "ilegítima" porque no hubo un embargo previo. La misma sala ya destacó este vicio formal en un auto de noviembre de 2007 en el que dejaron sin efecto la administración. A pesar de ello, el juzgado instructor se negaba a decretar la devolución de los honorarios.
Si la constitucion y el nombramiento del administrador fueron ilegítimos, "también lo es obligar a las entidades sometidas" a pagar unos honorarios fijados en una resolución "revocada", argumentan en el fallo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó en junio de 2010 a Urquía por cobrar 60.000 euros a cambio de dejar en libertad a tres implicados del caso Hidalgo. En este mismo juicio el exjuez fue absuelto del intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon a cambio de levantar los embargos que pesaban sobre sus empresas, también por el caso Hidalgo. Esta sentencia está recurrida en el Tribunal Supremo.
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