Una joya en manos de CiU

La joya de la corona o la comedera es el nombre que recibe la Diputación de Barcelona. Es una de las instituciones más preciadas en Cataluña, por su elevado presupuesto (661 millones para este 2011) y por ser el lugar a que han recurrido los partidos para colocar a sus cargos. Históricamente gobernada por los socialistas, la Diputación pasó en julio a ser comandada por CiU tras pactar con el PP. Los convergentes siempre se han opuesto a estos entes provinciales y son partidarios de crear en Cataluña las vegueries, un ente supramunicipal propio. El nuevo presidente provincial, Salvador Esteve, no lo ve una contradicción. "No, como convergente siempre he pensado lo mismo. Soy partidario de las vegueries [una ordenacion territorial propia de Cataluña] aunque eso requiere un gran consenso territorial", afirma. El proyecto de las vegueries está ahora paralizado. La duplicidad de administraciones en Cataluña se agrava con los 41 consejos comarcales, que empiezan a ser cuestionados.

Esteve define a la Diputación como una institución de país en proyectos como el Liceo, el Instituto del Teatro o el Centro de Cultura Contemporánea y asegura que siempre será necesario un órgano equivalente que ampare a los municipios. "La gestión de carreteras o de bibliotecas sería imposible sin ellas", abunda el popular Fernández Diaz. "Es que los pequeños no llegan a todo. Cuando te ven, te hacen la ola. Necesitan esa cooperación y que se les oriente. La Diputación hace un trabajo muy útil", dice un arquitecto que trabaja en ella. Procedía de la empresa privada y le sorprendió la actividad de la misma: "Pero es verdad que a veces te obligan a hacer proyectos y gastar dinero y energías cuando sabes que se van a quedar en un cajón".

Con fama de tener su plantilla inflada, el nuevo Gobierno ha adelgazado su estructura y ha pasado de 13 vicepresidencias a cinco, lo que significa un ahorro de 440.000 euros al año. La reducción de asesores políticos es mucho menor: si en el pasado se limitaron a 50, en este mandato el tope es de 45, con un sueldo mensual de 3.500 euros. Los primeros fichajes niegan que los puestos de asesores sean para técnicos: la mayoría son militantes con relativa importancia en los partidos. Los tres socios del tripartito de izquierdas, que perdieron en noviembre la Generalitat, han colocado en la Diputación a políticos que siempre han desarrollado su actividad fuera de Barcelona.