Unos helicópteros con poco vuelo

La Audiencia de Madrid ha dejado en libertad sin fianza a dos empresarios españoles, Jaime Bedia y Pedro Torres, a los que la Policía acusó de intentar vender a Irán y Venezuela un total de nueve helicópteros Bell-212, violando los embargos de la ONU. La Audiencia revoca el auto de la juez de instrucción número 5 de Navalcarnero, que envió a los empresarios a prisión el paso 28 de mayo y cuestiona seriamente las imputaciones de delitos de contrabando y de depósito de armas de guerra.

El pasado mes de mayo, la policía intervino tres helicópteros Bell-212 comprados a Israel en una nave industrial de Navas del Rey (Madrid) y otros seis en una nave de Terrassa (Barcelona) y acusó a los empresarios españoles y a cuatro ciudadanos iraníes que supuestamente habrían llegado para comprarlos, de intentar su venta a Irán vulnerando los embargos a ese país. Ahora, la Audiencia de Madrid ha decretado la libertad de los dos empresarios españoles -los iraníes quedaron en libertad bajo fianza- ante la "falta de solidez de los indicios" y "clara indefensión" en que quedaron los imputados.

Los empresarios dicen que quisieron venderlos a Suecia para apagar fuegos

De acuerdo con el recurso del abogado Jaime Sanz de Bremond, la Audiencia encuentra "las más serias objeciones" al delito de depósito de armas de guerra, principalmente porque sobre los helicópteros hay un informe del Ministerio de Defensa que concluye que entre sus elementos "no existen armas de guerra".

Además, la defensa ha acreditado que los empresarios gestionaron ante el Departamento de Estado de Estados Unidos la transformación del uso militar de los helicópteros hacia actividades civiles, como la extinción de incendios. Por eso el tribunal considera que existen "indicios contrarios" a la actuación de los empresarios en la comisión de ese delito. Esa misma "falta de solidez" de indicios la advierte el tribunal respecto a los delitos de contrabando que les imputan, aunque su esclarecimiento "requerirá una mayor actividad investigadora".

Según el recurso del abogado Sanz de Bremond, los empresarios compraron los helicópteros de desecho a Israel y los trasladaron a Suecia para destinarlos a la extinción de incendios en ese país, tal como otra empresa española había hecho con helicópteros del mismo modelo en España. En la operación participó una empresa de Emiratos Árabes, representada por un ciudadano iraní. Los helicópteros esperaban en Suecia el certificado de navegabilidad, pero un cambio normativo lo hizo imposible. Por ello, fueron trasladados a España, quedando a la espera de que Estados Unidos autorizase su comercialización. Como la situación se prolongaba desde 2005, la empresa de Emiratos intentó recuperar su inversión, y cuando sus representantes vinieron a España a solventar la cuestión, fueron detenidos y acusados junto con los españoles.