Córdoba mantiene sin ejecutar dos expropiaciones a Sandokán

El mes que viene tendrá lugar la subasta de cuatro propiedades de Rafael Gómez Sandokán, el empresario y concejal de Unión Cordobesa imputado en el caso Malaya. La operación servirá para subsanar parte de los 3,8 millones de euros de deuda que el constructor y joyero mantiene desde hace años con el Ayuntamiento. El Consistorio está todavía pendiente de ejecutar la expropiación de otras dos propiedades de Gómez, de las que se viene hablando dos años: unos terrenos en el espacio protegido de los Baños de Popea, en la sierra, y el solar donde hoy está el cine de verano Fuenseca.

La bronca de Sandokán con el nuevo Gobierno del PP deriva por el hecho de que las subastas se produzcan antes de que se haya llevado a cabo la expropiación. Según el empresario, existía un "pacto" entre él y el Ayuntamiento con la anterior corporación municipal, liderada por IU y PSOE. Según este acuerdo, esos dos terrenos servirían para pagar la deuda. El pacto, reconoce, nunca se llevó a efecto, "por los retrasos que siempre hay". Sandokán insiste en que él quiere pagar la deuda, pero que lo que se busca ahora es hacerle daño.

El anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y actual portavoz de IU, en la oposición, Francisco Tejada, puntualiza que no existía pacto alguno, "sino una obligación por parte del Ayuntamiento de expropiar esos terrenos al estar bajo sus correspondientes modelos de protección". Tejada señala que, en un principio, Sandokán quería la expropiación para obtener así liquidez. "Pero en el Ayuntamiento le dijimos que no, que lo que se iba a hacer con el dinero que se obtuviese era quedárselo el Consistorio como pago de la deuda".

Dos años

De la expropiación lleva hablándose casi dos años. En los últimos presupuestos de la GMU con el gobierno de IU ya se contemplaba. Pero no se llevó a cabo y ahora es competencia del PP su ejecución.

Mientras, se ha seguido adelante con las subastas de propiedades de Gómez y su empresa Arenal 2000 para sufragar la deuda. Los 3,8 millones los debe en concepto de multas coercitivas impuestas al empresario y por impagos de diversos impuestos, como el IBI. Pero estas operaciones no servirán para pagar el grueso de la deuda, de alrededor de 30 millones de euros. La más alta corresponde a los 24,6 millones impuestos por la construcción de cuatro hectáreas de naves ilegales.