El arresto de un líder anticorrupción escandaliza a la sociedad india

La detención de un conocido activista anticorrupción, pocas horas antes de que iniciase una huelga de hambre en público, empañó ayer los festejos de celebración de los 64 años de la independencia de India. Anna Hazare, de 74 años, se opone a un proyecto de ley anticorrupción que descarta la posibilidad de investigar a altos funcionarios de la Administración como magistrados, ministros o el propio jefe del Gobierno. Fue liberado horas después.

Junto con Hazare, seguidor de la resistencia pasiva de Gandhi que ya protagonizó otro ayuno público en abril, fueron detenidos 1.300 de sus seguidores para evitar que secundaran la protesta. Tras la redada estallaron manifestaciones espontáneas en Bombay, Calcuta, Chennai (antigua Madrás) y Bangalore.

Hazare rechaza un proyecto de ley que impedirá investigar a los altos cargos

La corrupción es endémica en India y un considerable obstáculo para el crecimiento económico del país -tocado por una inflación cercana al 9%-, como reconoció el lunes, en plena celebración de la independencia en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi, el primer ministro, Manmohan Singh. "El mundo reconoce nuestro potencial de ser uno de los poderes económicos mundiales. Pero el problema de la corrupción es un gran obstáculo en esa transformación", dijo. No obstante, Singh reconoció que "no hay ninguna varita mágica" para acabar con ella.

La proliferación de casos de sobornos y desvíos de fondos ha sacado a las calles a un número creciente de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil, espoleados por los ayunos previos de Hazare, que denomina su lucha "la segunda guerra de liberación". El más sonado de los escándalos fue, en 2008, el reparto fraudulento de unas licencias de telefonía móvil que, según la auditoría general, pudo costar al erario público 40.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros).

A ello se suman las irregularidades en la organización de los juegos de la Commonwealth en 2010, así como anomalías en la gestión de la industria minera por las que los gobernadores de dos Estados han tenido que dimitir. La credibilidad de la clase política ha bajado muchos puntos, como demuestra una reciente encuesta, según la cual el 60% de los indios cree que su país es corrupto.

El Parlamento está debatiendo una propuesta de ley anticorrupción ampliamente rechazada por la sociedad civil. El Gobierno deslegitima la lucha del septuagenario Hazare asegurando que su fundación está plagada de corrupción y que "no se debe recurrir a huelgas de hambre que causen la muerte". Según Singh, subordinar a los magistrados a un ombudsman anticorrupción "iría en contra de la independencia del sistema judicial".