La prioridad de los servicios públicos

El pasado lunes día 8, la que fuera conselleira de Política Territorial con el Gobierno bipartito, María José Caride, denunciaba en estas mismas páginas la responsabilidad de la Xunta presidida por Núñez Feijóo en el aumento de las listas de espera, en el cierre de escuelas y especialidades y en la progresiva privatización de la sanidad. Estoy completamente de acuerdo con la señora Caride, pero convendría añadir que tal situación no es solo consecuencia de una mala gestión -que lo es-, sino también, y sobre todo, el resultado inexorable de una estrategia de fondo que, oculta tras declaraciones tan innecesariamente solemnes como deliberadamente oscuras, ha empezado a implementarse de manera acelerada al amparo de la crisis económica. La Xunta ha asumido, en contraposición al concepto de servicio público, el de "servicio universal", que implica el suministro a los usuarios de unas prestaciones mínimas a un precio supuestamente asequible. Las obligaciones de calidad, continuidad y seguridad que implica el verdadero servicio público son prácticamente inexistentes, lo que provoca desigualdades clamorosas entre quienes deben contentarse con aquellos servicios y quienes pueden pagarse unos privados de calidad. Este es el modelo que la Xunta pretende poner en pie paso a paso. Cualquiera que siga las declaraciones de los diferentes miembros del Ejecutivo gallego -la conselleira Farjas es especialmente reiterativa en el tema- no tendrá lugar a dudas acerca del proyecto privatizador de Feijóo.

La privatización, siempre y en todas partes, acaba degradando el servicio y provocando desigualdad

Sin embargo, la sanidad, la educación, la investigación y el desarrollo, las políticas energéticas, las infraestructuras de transportes y comunicación o el abastecimiento de bienes de primera necesidad son sectores que exigen la continuidad del esfuerzo inversor y son, por tanto, incompatibles con la rentabilidad económica a corto plazo, que es precisamente la que busca el sector privado. Las experiencias privatizadoras llevadas a cabo en diversos países europeos muestran fehacientemente que el sector privado no está en condiciones de responder a las exigencias que plantea el servicio público, y sus necesidades de rentabilidad a corto plazo van siempre en detrimento de la calidad y la seguridad. Por añadidura, los servicios públicos cumplen una función social que ninguna empresa privada está dispuesta a asumir. Lo que está sucediendo estos días en Londres y otras ciudades inglesas debería hacernos recapacitar a todos sobre el modelo social que es necesario defender y extender frente a la ola privatizadora que lleva años deteriorando a las sociedades europeas y que, amparándose en la crisis económica, algunos sectores quieren convertir en un tsunami que reduzca a cenizas el Estado del bienestar, es decir, nuestro estilo de vida construido a través de un largo proceso civilizador.

Por último, es preciso resaltar que la gestión privada de las empresas públicas no ha demostrado en ningún caso su superioridad en el funcionamiento de las mismas. Sin detenernos en el desastroso estado de los ferrocarriles británicos, otrora ejemplares, en Suecia la liberalización de las telecomunicaciones y de la electricidad han producido enormes desigualdades sociales y territoriales, el nivel de empleo ha disminuido drásticamente y el Ministerio de Industria sueco se ha visto obligado a abrir una investigación sobre el estado de la red ante los reiterados incidentes y fallos en el suministro. En Holanda, el Gobierno llegó a plantearse dar marcha atrás en la privatización de los transportes, con el fin de evitar los graves y reiterados fallos en su funcionamiento. Y los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. Todo ello pone al descubierto una realidad incontrovertible: la privatización de los servicios públicos desemboca siempre y en todas partes en su degradación, en el aumento de las desigualdades de acceso y precio, en importantes recortes en el empleo, en el deterioro de la seguridad y en la incapacidad para garantizar el futuro.

Por eso la izquierda gallega debe convertir la defensa de los servicios públicos en una de sus prioridades, y la confrontación con el modelo privatizador de Feijóo en una de las líneas fuerza de su alternativa de Gobierno.