Rosado anuncia un ajuste económico en sanidad

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, anunció ayer, tras reunirse con el presidente de la Generalitat, que su departamento prepara ajustes económicos "para mejorar la eficiencia del sistema". Rosado garantizó que no va a reducir la plantilla de profesionales de la sanidad; pero anunció su intención de reestructurarla "para dar un mejor servicio con las mismas personas".

La reestructuración consistirá en un paquete de medidas, entre las que anticipó una mejor eficiencia en la distribución de las infraestructuras y en el uso adecuado de los recursos humanos y materiales, agrupando servicios y elementos que permitan un mayor ahorro tanto en las prestaciones sanitarias como no sanitarias. También se mostró partidario de "conseguir que el medicamento que se prescriba sea el más eficiente y que se financie de una forma adecuada a través de las oficinas de farmacia".

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La apuesta del consejero de Sanidad, según explicó, es dar más servicios con los recursos existentes en la actualidad con el objetivo de que los ciudadanos tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias y en las mismas condiciones que en la actualidad. "No va a haber recortes en sanidad", aseguró.

Rosado también se refirió al gasto farmacéutico, que en junio ya había consumido el 78% de su presupuesto. El consejero subrayó que en lo que va de año el gasto en farmacia de la Generalitat se ha reducido en 60 millones respecto de 2010. Un ahorro que se ha producido "en parte por las medidas que ha adoptado el Gobierno central y en parte por las tomadas por el Consell", afirmó, y destacó la "motivación a los profesionales cuando la prescripción que se hace es la adecuada y la revisión de los expedientes farmacoterapéuticos de los pacientes".La sombra del copago aparece y desaparece como un demonio que hay que exorcizar en todas las intervenciones públicas de los miembros del Consell cuyas áreas pueden ser susceptibles de su aplicación, especialmente la de sanidad. Ayer, Rosado intentó ser didáctico, pero a la postre no pudo evitar que la puerta del copago no se cerrara del todo.

En aplicación del argumentario del PP, según el cual todos los males provienen de la nefasta gestión de José Luis Rodríguez Zapatero y de su inquina hacia la Comunidad Valenciana, el consejero arguyó que la red sanitaria autonómica "es un referente nacional en cuanto a su gestión, a pesar de sufrir un problema de financiación porque recibe menos dinero del Estado del que le correspondería en función de la población a la que asiste".

Sentada la premisa principal, Rosado explicó las dos modalidades de copago existentes: el recaudatorio, que se efectúa aumentando los impuestos, cosa que el Consell no está dispuesto a hacer, y el coercitivo, que definió como una medida "para evitar la utilización inadecuada de los servicios sanitarios, a través del cobro mínimo de una cantidad de dinero".

¿Va a aplicar el Gobierno de Fabra alguna de estas dos modalidades de copago? De entrada, no. Rosado apuesta por concienciar y educar a los ciudadanos para que sepan que "gratuito no significa que no cueste dinero. El hecho de que no tenga que poner directamente el dinero de su bolsillo no quiere decir que no tenga que pagarlo, porque ya lo hace a través de sus impuestos".

¿Y si falla la educación? "Deberá establecerse alguna medida coercitiva para acceder al sistema sanitario", concluyó el consejero. O sea, el copago.

Rosado descartó que el Consell se haya planteado "en estos momentos" la devolución de alguna de las competencias sanitarias, "pero podría contemplarse en alguno de sus aspectos".

Una posibilidad que también contempló su compañero de gabinete Serafín Castellano, consejero de Gobernación, que ayer también se reunió con el presidente Fabra. Castellano se mostró partidario de "reajustar y reequilibrar" algunas competencias que se han traspasado con menos recursos de los necesarios. Entre ellas citó educación, sanidad, justicia y dependencia.

El consejero de Gobernación anunció que después de las vacaciones iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para crear una comisión de estudios con el objetivo de modificar la Ley Electoral Valenciana. Como ejemplo puso que la actual aún contempla unas Cortes con 89 diputados cuando el Estatut los fija en 99.

Esta reforma, según Castellano, pretende abrir la Cámara a una mayor representación parlamentaria y a la participación ciudadana. La Generalitat, dijo, tiene la "predisposición total para llegar al consenso, a través del diálogo y la participación". El cambio de Ley Electoral precisa una mayoría de dos tercios.