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El Supremo declara ilegal un edificio de la promotora de Telmo Martín

La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.

El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de agosto de 2011