Castilla-La Mancha negocia con las cajas para evitar el cierre patronal de las farmacias

La Junta de Castilla-La Mancha está negociando con las cajas de ahorro regionales para encontrar una salida a la crisis generada por el impago a las farmacias del dinero adelantado en medicamentos con receta. El Ejecutivo regional les adeuda más de 125 millones de euros (dos meses y medio) y los boticarios han decidido responder mañana con un cierre patronal. Solo un acuerdo financiero de última hora entre el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal y Caja Rural (heredera de la Caja de Toledo, que absorbió a la de Guadalajara) y Global Caja (que agrupa a las de las otras tres provincias, Ciudad Real, Albacete y Cuenca), podría desactivar la protesta.

Aunque la Junta no quiso dar ayer detalles sobre el contenido de las conversaciones mientras no se llegue a un acuerdo, la idea es encontrar una fórmula que permita que los farmacéuticos de la región -unos 2.600 que regentan casi 1.300 oficinas- puedan acceder, si lo necesitan, a créditos mientras la Junta encuentra la manera de pagarles lo que les adeuda.

Los boticarios piden que la Junta avale los créditos que necesitan

La situación ha llegado a un punto que resulta "insostenible" para los farmacéuticos, "que, al fin y al cabo, son pequeños empresarios", asegura la presidenta de la patronal regional (FEFCAM), Dolores Espinosa. Es lo que ha llevado a los colegios provinciales a convocar mañana un cierre -el primero patronal de la historia- que solo se levantará si la Junta llega a tiempo con una propuesta. Pero el departamento que dirige José Ignacio Echániz no se va a dar prisa para frenar el paro porque quiere alcanzar una solución "duradera y global", y no poner un parche para evitar el descrédito del cierre de las oficinas.

De las cinco provincias, cuatro ya han acordado los cierres: Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. Queda Albacete, que en una primera asamblea votó que no, pero que hoy debe mantener otra para confirmar la medida o cambiar de opinión. La solución que todos buscan es similar a la que ya han usado otras comunidades con problemas: que la entidad financiera acepte como garantía para los créditos las facturas de la Administración, de manera que los propietarios de las farmacias no tengan que "rehipotecarse" o "poner su patrimonio como garantía", dice Dolores Espinosa. Sobre todo porque en los pueblos, con oficinas que pueden facturar "10.000 euros al mes, los titulares, que están pagando una hipoteca, ya no tienen con qué responder ante el banco", indica un portavoz del colegio regional.

Al ser un cierre de un día solamente -con un tercio de las oficinas abiertas como servicios mínimos, un servicio similar al de las guardias de los festivos- no se espera que haya mucho trastorno para los pacientes.