Bares, casas rurales y campos de fútbol
Un observador curioso que recorra la Galicia rural y urbana se preguntaría sin duda quienes son esos señores FEDER o LEADER que parecen patrocinar todas las cosas que se construyen en Galicia, desde una autovía, hasta una casa de turismo rural o un campo de fútbol. Parece claro que los fondos europeos han servido para demasiadas cosas y en ocasiones la picaresca se ha beneficiado de los amplios objetivos que se marcan en las bases que regulan la concesión de las ayudas. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) establece como prioridades las "ayudas directas a las inversiones realizadas en las empresas para crear empleos sostenibles". Ahí entra casi todo.
Edelmiro López, exdirector general de Desenvolvemento Rural, recuerda que en la época en la que trabajó en el Ejecutivo gallego trató de poner fin a los fraudes cometidos para conseguir fondos para subvencionar la rehabilitación de casas rurales. "La gente obtenía la subvención y luego cuando llamabas a la casa nunca había habitaciones libres. En realidad se usaba como vivienda. Cuando pudimos demostrar los casos de fraude obligamos a devolver las ayudas", explica López, quien también recuerda haber inaugurado un auditorio para 300 personas en una aldea que no sobrepasaba ese número de habitantes.
La picaresca se ha beneficiado de los amplios objetivos marcados por la UE
Tampoco hay que irse muy lejos para que surjan dudas sobre el buen uso de los fondos europeos. Actualmente puede verse en un barrio compostelano como se está construyendo un campo de fútbol con esa financiación y tampoco es raro encontrarse con bares y restaurantes que han obtenido subvenciones de la UE.
Aunque es cierto que la cuantía de esas subvenciones no es en general la más importante (el grueso de las inversiones se concentra en las infraestructuras) sí que constituyen ejemplos difícilmente justificables en unos tiempos donde la inversión de dinero público se mira con lupa. Dentro de las grandes obras de infraestructuras el caso más polémico son los 265 millones de euros invertidos en el puerto exterior de A Coruña, aunque en este caso la factura no es imputable a Galicia ya que se trata de fondos concedidos a España.
