"Pedir una auditoría privada en un municipio solo tiene valor mediático"

Antonio López es desde el pasado mes de marzo el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero parece que llevase en este órgano de control toda la vida. En sus primeros meses ha realizado varias propuestas, como acortar el tiempo de fiscalización o el número de consejeros, pero aún no ha tenido respuesta del Parlamento ni del Gobierno. Granadino, de 51 años, cree que pedir una auditoría tras ganar unas elecciones locales es una proclama demagógica y apuesta por un control más regular de las haciendas locales.

Pregunta ¿Es cierto que ha limitado a los consejeros propuestos por el PP el acceso a los datos de Griñán?

Respuesta. Es absolutamente incierto. Ante las declaraciones que hicieron unos miembros del PP, lo que se hizo fue una nota oficial en la que se puso de relieve que eso no ha ocurrido nunca.

"La fiscalización de los ERE se iniciará en septiembre con el trabajo de campo"

"Es necesaria una reestructuración del sector público para ganar eficacia"

"Es incierto que se limitase el acceso a la información a los consejeros del PP"

"Habría que plantear una reducción en la Cámara del número de consejeros"

P. ¿Y le han dado alguna explicación los consejeros del PP?

R. No me han dado una explicación, ni tampoco han puesto de relieve eso en ningún momento.

P. ¿Qué eficacia tienen los informes que emite la Cámara de Cuentas si estos no tienen carácter vinculante ni son ejecutivos?

R. Efectivamente, los informes no son de obligatorio cumplimento. Además, la Cámara de Cuentas no tiene una capacidad jurisdiccional como tiene el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, el papel fundamental que realizan los órganos de control externo es poner de relieve el desempeño que se está llevando a cabo en el manejo de fondos públicos por parte de los gobiernos. Y diría que es crucial para la democracia que exista un pilar básico y de control de cuál es el gasto público.

P. Pero, por ejemplo, ustedes en su último informe dicen que una fundación no presentó en plazo la justificación de la subvención recibida. ¿Qué conclusión puede sacar el ciudadano?

R. El ciudadano, cuando surgen esas evidencias, tiene que pensar que hay un organismo que está aflorando lo que está pasando en el comportamiento en una serie de organismos del sector público. El primer papel que tiene el informe es evidenciar cuál ha sido el manejo que se ha hecho de los fondos públicos y si existe una regularidad legal y financiera. Y si se detecta alguna irregularidad que además pueda conducir a un posible menoscabo de fondos públicos, entonces la Cámara lo pone en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

P. Siguiendo ese ejemplo, si el informe corresponde al ejercicio de 2008, ¿no le parece un poco tarde?

R. Eso lo he dicho más de una vez. El objetivo es buscar una mayor oportunidad en los informes, y se está empezando a conseguir. Es cierto que la Cámara ha pasado por una etapa de transitoriedad de más o menos dos años, en la que no ha sido lo suficientemente estable, y que ha conducido a algunos retrasos. Pero estamos poniéndonos al día. Los últimos informes hacen referencia ya, en la mayor parte de los casos, a ejercicios de 2009 y 2010.

P. El informe de la Cuenta General de la Junta tarda tanto por los plazos legales, pero usted ha prometido acortar esos plazos. ¿Cómo piensa hacerlo?

R. La única posibilidad es que en la ley de Hacienda de la comunidad se pudiera acortar el plazo de entrega de la cuenta general a la Cámara a finales de junio. Eso permitiría que si, por ejemplo, ahora se va a hacer el de 2010, en vez de presentarlo en el 2012, pudiéramos hacerlo en el 2011.

P. ¿Y lo van ha hacer?

R. Nosotros solo podemos recomendarlo.

P. ¿Cree que la decisión del PP de eliminar organismos similares en alguna comunidad donde gobierna es por su falta de eficacia o para evitar el control del gasto público?

R. Quiero pensar que no es eso último que usted ha dicho. Y metiéndome donde no me llama nadie, creo que no es una decisión del PP y sí de determinados ámbitos del PP. Quiero recuperar la opinión de Arenas, que claramente ha manifestado que la Cámara tiene un papel clave en el control del gasto público. Y que yo sepa, por el conocimiento que tengo del resto de presidentes de comunidades en los que hay gobierno del PP, el único caso en el que se ha puesto en tela de juicio eso es en Castilla-La Mancha.

P. ¿Cuántas resoluciones o informes de la Cámara han acabado en los tribunales?

R. Ahora mismo hay 27 expedientes abiertos, que algunas veces conducen a liquidaciones de reintegro de fondos públicos por los implicados.

P. ¿Han empezado ya la fiscalización de los ERE fraudulentos?

R. Sí, ya hemos iniciado formalmente la investigación de los ERE. Se ha establecido el coordinador y el consejero responsable del trabajo y además el equipo que lo forma. Hay un trabajo previo realizado, que va a conducir a que a principios de septiembre se inicien los trabajos de campo.

P. ¿En qué saco ha caído su propuesta de que no se concedan subvenciones a los municipios que no rindan cuentas?

R. Por ahora no he tenido ninguna respuesta del ámbito político. Voy a repetir la propuesta a ver si se busca un consenso y se puede incorporar a una norma, para que de esta manera se pueda reforzar el papel de la Cámara de Cuentas.

P. ¿El debate de la comunidad hubiera sido un buen momento?

R. Creo que hubiera sido una buena oportunidad incorporarlo dentro de las medidas de transparencia.

P. ¿Qué otras reformas plantea?

R. Una de las cosas pendientes es una revisión en profundidad de la ley con la que se organiza la propia Cámara, que si no recuerdo mal es de 1988. Respeto la decisión política del número de consejeros que forman el pleno, pero habría que replantearse esto, probablemente con una reducción. He insistido también en que es buena una limitación de mandatos. También sería oportuno que no hubiese periodo transitorio, que cuando venza el mandato de un consejero, sea automática su renovación. Es decir, ese señor se va a su casa, que no se le deje transitoriamente, porque eso da lugar a situaciones kafkianas como las que se están dando en algunas instituciones del Estado.

P. Usted se declara partidario de la reforma del sector público.

R. Lo que he mantenido es que se tiene que hacer una reorganización del sector público para buscar más eficiencia. Es necesaria una reestructuración para mejorar la eficiencia, porque la actual estructura, la arquitectura institucional que hay, probablemente se pueda simplificar.

P. ¿Por qué muchos alcaldes han anunciado auditorías privadas y no la piden a la Cámara?

R. Espero que no sea porque no la conocen. Esa medida no está exenta de cierto oportunismo político. No conozco un cambio de gobierno en el que no se hable de auditoría. Siempre se dice cuando hay elecciones, pero esa proclama no está exenta de cierta demagogia. Porque si dicen 'vamos a auditarnos todos los años', chapó. La auditoría va vinculada al concepto de regularidad. Y los Ayuntamientos tienen los medios jurídicos para poder hacerlo.

P. ¿A través de la Cámara?

R. Vamos a ver, el Tribunal de Cuentas ha dicho que quien tiene que hacer las auditorías en el sector público son las Cámaras de Cuentas, el Tribunal de Cuentas o los interventores. Un Ayuntamiento puede decirle a su interventor que contrate la colaboración de empresas privadas. El informe será del interventor, bajo su tutela, dirección y control. Eso lo pueden hacer cuando quieran, y todos los años. La otra forma es que se lo pidan a la Cámara, pero si nos viene una avalancha de peticiones, los medios son los que tenemos. De todas formas vamos a plantear en el plan de actuación del año que viene ampliar nuestro campo de trabajo en los Ayuntamientos buscando la colaboración de empresas privadas. Eso lo pueden hacer los Ayuntamientos con los interventores, porque una auditoría encargada a una empresa privada no tiene más valor que el que pueda tener mediáticamente. Si alguien quiere auditarse que lo haga anualmente, porque si no, lo que está buscando son las auditorías de infarto.