La crisis institucional alrededor de Camps alcanza la máxima tensión

La negativa a aceptar los hechos, que los populares han secundado desde que estalló el caso Gürtel, ha empezado a chocar estrepitosamente contra la realidad. La crisis institucional abierta por el procesamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que será juzgado por cohecho, alcanzó ayer la máxima tensión. Mientras desde la sede nacional del PP en Madrid se planteaba al jefe del Consell una especie de ultimátum, que no era sino una llamada a asumir, por fin, la realidad, en el círculo más cercano a Camps se negociaba la posibilidad de que el presidente valenciano pudiera sortear su dimisión aceptando una multa que le evite el juicio ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en cuya Sala de lo Civil y Penal presentó ayer su renuncia el magistrado más próximo a las tesis del inquilino del Palau de la Generalitat. Por otra parte, la oposición martilleaba -como hace desde el pasado viernes, cuando el juez instructor José Flors mandó a juicio a Camps y este dejó de aparecer en público- con la exigencia de su dimisión y su relevo al frente del Consell.

Tendrá que dar explicaciones si finalmente decide llegar a un acuerdo de conformidad y aceptar las penas, vino a decir el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte durante una visita en Vila-real. "Lo que quiere el PSPV-PSOE, es que se cumpla la ley y ver qué explicación da Camps para decir que sí cometió el delito y aceptar los hechos", añadió, antes de ofrecer su "cooperación" con el PP en las Cortes "para una pronta y rápida sustitución del presidente de la Generalitat por un diputado del PP honrado", informa Lorena Ortega. El PSPV-PSOE desmintió cualquier negociación para facilitar que Camps eluda sus responsabilidades y reiteró su exigencia de que comparezca en las Cortes.

La eventual aceptación de una multa implica asumir la culpa. Es decir, Camps se declarará culpable de haberse dejado sobornar por una trama de corrupción, algo que ha negado en público reiteradamente desde que en febrero de 2009 se vio involucrado en el caso Gürtel.Más contundente fue el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ayer en Valencia definió a Camps como un "cadáver en el armario" que cada vez "huele peor" y emplazó a Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, a "limpiar el armario en el País Valenciano de cadáveres y trajes". Tras acusarlo de practicar la omertà, la ley del silencio de la mafia, Lara añadió que Rajoy se convierte en "cómplice y colaboracionista de una situación tan fea como la que se está produciendo en relación con Camps".

También la Coalició Compromís insistió sobre el asunto y la portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, afirmó que si Camps paga la multa admitirá que es "un delincuente". "Sería condenado por la justicia por estar involucrado en la trama de corrupción más grave de nuestra democracia", añadió la diputada, en cuya opinión, eso haría al jefe del Consell "incompatible" con el ejercicio de cualquier cargo público. Oltra señaló que es muy grave "que un presidente autonómico se haya dejado sobornar".

Las reacciones del entorno de Camps tenían ayer un fuerte tono victimista. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, desplegó en su blog toda una teoría conspirativa. Según Cotino, la instrucción del caso de los trajes, la ramificación valenciana del caso Gürtel que implica directamente al presidente de la Generalitat, ha sido "un acoso y derribo que dura más de dos años, una cacería en la que los hombres de Rubalcaba, el ministro Bermejo, el juez Garzón y el comisario González, diseñan por orden del susodicho, un plan para difamar al presidente de los valencianos".

"Ningún motivo"

En un tono menos excitado, el consejero de Justicia, Jorge Cabré, dijo no ver "ningún motivo" por el que Camps tenga que verse obligado a presentar la dimisión. Cabré evitó dar su opinión sobre la asunción de culpa y la aceptación de una multa por parte del presidente. "Es una cuestión que atañe a Camps y sus abogados", dijo.

Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP, que ha estado callado los últimos días, comentó ayer que Camps "sigue siendo el mismo hoy que la semana pasada".

En efecto, Camps es el mismo, pero sus explicaciones sobre el caso Gürtel se sostienen tan precariamente que ya está dispuesto a asumir que la trama de corrupción le regaló los trajes que aseguró haber pagado de su bolsillo.