La fundación de Porro encarga sus certificaciones a una consultora
La empresa, creada en Vigo en 2010, evita concretar nada de sus actuaciones
El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) destinó a la Fundación Puerto de Vigo (FPV) una ayuda de 64.192 euros -al margen del convenio confirmado por importe de 225.000 y de otro hipotético, comunicado por la Autoridad Portuaria, de 450.000- para la gestión de unas certificaciones que la FPV no puede realizar por falta de personal cualificado a ese efecto. La FPV encargó la tarea, en régimen de monopolio, a una consultora creada ad hoc en julio del año pasado, Inxenia DT, asumiendo así un papel de intermediario en una gestión que las empresas interesadas pueden realizar directamente o a través de empresas, organismos e instituciones ya existentes y acreditadas para ese fin.
La FPV promete devolver "más del 35%" del coste final de los trámites
El Igape aprobó la ayuda a la FPV el 23 de diciembre dentro de un lote en el que figuran otras correspondientes a centeneras de empresas y a algunas organizaciones e instituciones -lo que en sí mismo demostraría la presencia innecesaria de la FPV- dentro del programa Innoempresa, cofinanciado con fondos europeos del Feder, para impulsar proyectos e iniciativas de mejora de la competitividad de las pymes a través de su capacidad innovadora. La FPV actúa como mediadora en la captación de la subvención, que se destina a 10 empresas no identificadas, ni por el Igape, ni por la FPV, ni por la consultora.
"¿Cómo nos han encontrado?", se sorpredió Pablo Lafuente Soler, administrador de Inxenia DT, antes de poner pies en polvorosa cuando EL PAÍS expresó su interés en conocer detalles de su cometido. "Yo no tengo inconveniente en facilitarles la información, pero tengo que pedir permiso a la fundación". Al cabo de un rato adujo su imposibilidad de contactar al efecto con la FPV -"nadie me coge el teléfono"- y finalmente dejó de responder a las llamadas. Es la tónica común de todas las gestiones de este periódico en su busca de respuestas sobre la FPV.
Inxenia DT fue creada en julio de 2010 por el citado Pablo Lafuente y Gemma Laso Rodríguez para prestar servicios de consultoría de I+D+i y realizar ensayos analíticos de laboratorio. Comenzó a operar en noviembre, un mes antes de que el Igape otorgara la subvención de 64.192,82 euros a la FPV "para la gestión de certificados medioambientales". "La Fundación -explica la FPV en su web- capitaneará y gestionará la implantación del ISO 14001 en aquellas empresas del ámbito portuario que lo soliciten. Además de estar avalado por la Fundación, los costes de la implantación (aquéllos derivados de consultoría y de certificación) serán menores a los estándares de mercado y, tras la concesión de la certificación, la FPV procederá a la devolución de más del 35% del importe final a la empresa certificada".
La oferta, sin embargo, no parece haber obtenido mucho éxito, si solo son 10 las empresas acogidas a ella. El Igape asegura que aún no ha abonado nada de esa subvención. Las empresas beneficiadas tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para justificar el gasto con las facturas correspondientes.
López-Chaves se enfrenta a una brecha empresarial
Ignacio López-Chaves, que mañana toma posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, casi tres meses después de que Corina Porro abandonara el cargo, se encontrará con un conflicto que ha abierto una brecha en el sector empresarial portuario, tradicional feudo del PP en su conjunto, pero ahora roto por la opción de Porro de mantener, en la obligada reducción del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, a una facción afín, la de los armadores de pesca, y propiciar la salida de los consignatarios, cuya asociación, con 27 empresas, se reconoce como la más potente del puerto.
La asociación de consignatarios, Acoespo, incluso ha abandonado la Confederación de Empresarios de Pontevedra, también está presente en el consejo del Puerto, por su complicidad en esa operación. Acoespo está pendiente a su vez de ocupar la presidencia de la federación de usuarios, que agrupa a ocho organizaciones que representan a más de 300 empresas, ninguna armadora de pesca. Ni Acoespo ni la federación de usuarios participan en la Fundación Puerto de Vigo (FPV), de la que es tesorero el presidente de los armadores de pesca, Javier Touza.
Ramón Cortegoso, gerente de Acoespo, exconcejal y cualificado militante del PP, critica duramente la gestión de Porro. Considera las noticias sobre la FPV "de extrema gravedad para la imagen del puerto" y reclama, "sin prejuzgar responsabilidades", que la justicia actúe "hasta las últimas consecuencias". El congreso local que el PP celebrará en septiembre para elegir al presidente sucesor de Porro dilucidará también estas evidentes diferencias de criterio en el puerto.
