El silencio de Camps desmoraliza al PP

A medida que pasan las horas sin que Francisco Camps comparezca tras el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors que lo ha enviado al banquillo, acusado de un supuesto delito de cohecho impropio, la indignación aumenta en las filas de la oposición y el desánimo cunde en el PP. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, insistió ayer en que Camps salga a dar la cara. Pero la que desató las alarmas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que aseguró que el sábado estuvo con el jefe del Consell y le pareció que "evidentemente, el hombre está sufriendo". Poco después el Consell salió al paso de la impresión que generó Barberá, quien dejó en el aire muchas dudas al responder que no podía decir "nada más" cuando le preguntaron si, en su opinión, el presidente de la Generalitat debería dimitir.

Alarte dice que el silencio de Rajoy es "atronador y escandaloso"

"No importa el precio, un presidente no se puede vender", señala Oltra

Serafín Castellano, consejero de Gobernación declaró que Camps está "muy fuerte" y añadió que el hecho de que el jefe del Consell vaya a ser juzgado por actos cometidos en el ejercicio de su cargo "no va a cambiar nada".

"Nada cambia en la inocencia, en la credibilidad, en el liderazgo y en la gobernabilidad de Camps, en la que creo firmemente y, además, tiene un respaldo absoluto y total ¡de todos!", dijo Castellano, que volvió a repetir que la apertura del juicio oral "es un trámite".

Una opinión que no compartían la mayoría de los cargos del PP de la Comunidad Valenciana que desde el viernes han dejado sus mensajes de apoyo a Camps en la página web del partido, mientras en las redes sociales arreciaban las críticas contra el presidente valenciano. En los mensajes populares la palabra más repetida era "ánimo" y "amunt", aunque no faltaban quienes bajo la firma de " alcaldesa de Alicante" recurrían a la fórmula que ha funcionado hasta ahora: "Contigo siempre. Tiempo, es cuestión de tiempo". Aunque es poco probable que esta fórmula evite el juicio al que se tendrán que enfrentar Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret.Otros cargos, como el concejal de Valencia y diputado autonómico Jorge Bellver, que también espera juicio tras ser imputado por irregularidades en la construcción de un aparcamiento subterráneo, tacharon de injusta la situación de Camps. "Siempre ha salido más barato atacar al inocente, que acusar al malvado", indicó Bellver en las redes sociales.

En esta situación, con Camps en silencio y los cargos del PP desorientados, la dirección regional del partido intentaba aparentar una situación de normalidad. El secretario general, Antonio Clemente, emitió uno de sus comunicados habituales criticando la situación de los socialistas valencianos y procurando distraer la atención. Aunque la pesada losa del auto judicial era difícil de disimular.

La apelación de Clemente a la pretensión de Francesc Romeu de optar a la secretaría general del PSPV en un futuro no desvió a Jorge Alarte de su objetivo.

"Camps ha de presentar su renuncia como presidente de la Generalitat en el pleno de las Cortes que hemos solicitado con carácter urgente", dijo ayer el secretario general de los socialistas valencianos, que recalcó: "Respetamos la presunción de inocencia, pero no queremos que el presidente de todos los valencianos y valencianas sea juzgado por cohecho y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados".

La perplejidad de la oposición ante la desaparición de Camps de la escena pública también fue resaltada por el líder del PSPV-PSOE, que apuntó más alto en el PP a la hora de exigir responsabilidades y criticó que "24 horas después de que se haya conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que Camps deberá sentarse en el banquillo, el líder nacional del PP guarde un atronador y escandaloso silencio".

Alarte, que el mismo sábado, en sintonía con la dirección federal del PSOE, se mostró dispuesto a aceptar que Camps sea relevado en la presidencia de la Generalitat por otro dirigente del PP, se interrogó: "¿Por qué sigue sin pronunciarse públicamente?". Según el dirigente socialista, "Rajoy debe retirar a Camps de sus responsabilidades, debe decidir ya si consiente que el presidente de la Generalitat sea juzgado, debe esclarecer si le ha ofrecido su apoyo".

Mònica Oltra, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís, también criticó la actitud del jefe del Consell. "No podemos tener un presidente que ha de esconderse", señaló la diputada.

Para Oltra, si como explicó la alcaldesa de Valencia, Camps está sufriendo, la solución está en que renuncie al cargo. "No dio la impresión de que estuviese sufriendo cuando se probaba los trajes", dijo la parlamentaria de Compromís, que añadió: "Aunque el PP quiera minimizar lo sucedido, lo cierto es que Camps se va a sentar en el banquillo por un concepto tan fuerte como el de soborno". "No importa el precio, un presidente de la Generalitat no se puede vender", sentenció la diputada.

La portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, exigió directamente a Camps que salga de "su escondite" para dar "una explicación ante la histórica situación político-judicial en que se encuentra". Sanz instó al jefe del Consell a "dar explicaciones inmediatas a todos los valencianos ante la gravísima situación en que ha puesto, no solo a su persona, sino a la institución que representa y a su propio partido".

La dirigente de EUPV considera "indignante que esté callado, que no atienda a los medios de comunicación ni comparezca públicamente para dar explicaciones y, por descontado, que no haya dicho nada sobre lo que debería ser su inexcusable dimisión".

Camps será el segundo presidente de una comunidad autónoma en ejercicio que se siente en el banquillo en España, acusado en su caso de un delito continuado de cohecho pasivo impropio. El otro fue el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea.

Hormaechea fue presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, primero en las listas de Alianza Popular y más tarde con Unión para el Progreso de Cantabria. Además, ha habido otros presidentes autonómicos que fueron juzgados, pero habían dimitido o sido expulsados de su cargo con anterioridad.