Agbar apunta a Sevilla y Málaga

Aguas de Barcelona (Agbar), la principal multinacional del sector controlada por la francesa Suez Environnement (75%), apunta a las empresas municipales de Sevilla y Málaga, Emasesa y Emasa, respectivamente, para crecer. Y, al menos, esta última no cierra la puerta. "La entrada de socios privados es una tendencia coherente", afirma el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP). El Ayuntamiento de Sevilla asegura que Emasesa no cambiará. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) rechaza cualquier privatización y la enmarca en políticas de corto plazo con graves consecuencias.

El presidente de Agbar, Ángel Simón, dio la pista cuando respondió a principios de mes sobre las posibilidades de crecer con adquisiciones en España. "Mantenemos la orden de compra en el mercado y, por lo tanto, seguiremos comprando. Pero hay muchas otras oportunidades. Se ha hablado del Canal de Isabel II en Madrid, de los servicios de Sevilla o de Málaga", dijo en La vanguardia.

De la Torre: "Agbar se interesa porque la tendencia es adelgazar lo público"

"Si lo municipal es rentable, ¿por qué vender?", dice el gerente a Aeopas

Agbar opera en Andalucía a través de su empresa Aquagest, la accionista de Aguas de Huelva y participada por Unicaja y CajaGranada. Antonio Milla, director general de esta entidad, asegura que la afirmación de Simón "expresa un deseo", que "todas la empresas con más nivel del sector están interesadas" y que lo saben ambas empresas municipales. No obstante, dice que "no hay nada avanzado".

El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), mantendrá su compromiso de no incorporar la iniciativa privada a ningún servicio, lo que descarta, según fuentes municipales, la posibilidad de que las empresas privadas entren en Emasesa. Estas fuentes afirman, además, que el Ayuntamiento no ha recibido ofertas ni de Agbar ni de ninguna otra sociedad.

El gerente de Aeopas, Luis Babiano, dice que "las empresas hablan continuamente con los Ayuntamientos para ofrecerles financiación a través de la fórmula del canon". "Nadie se interesa por algo si no tiene posibilidades. Los números los tienen hechos", afirma. Y plantea una pregunta: "Si las empresas quieren sociedades públicas es porque son rentables y, si lo son, ¿por qué vender?"

Babiano tiene su respuesta: "Dinero. Los Ayuntamientos, para tapar su abultada deuda y las empresas, para sus cuentas de resultados. Pero el dinero sale del bolsillo de todos los ciudadanos".

El alcalde de Málaga afirma estar "contento con el funcionamiento de Emasa, orgulloso de su eficiencia y conforme con que sea 100% municipal". Pero entiende que "el interés de Agbar encaja con la tendencia de que el sector público adelgace". En este sentido, defiende que el Gobierno central lo demuestra con la privatización de Loterías y Aena (aeropuertos). De la Torre añade que "estudiará detenidamente" las ofertas e insiste en que facilitar la entrada de socios privados en empresas públicas es un criterio compartido por la Administración central y una "tendencia coherente con la situación económica y la necesidad de que el sector público se reduzca".

El gerente de los operadores públicos defiende que el agua, a diferencia de otros servicios como Loterías o Aena, es "un derecho humano" que constituye un "monopolio natural" y niega que su privatización sea una "tendencia coherente". Recuerda que el Ayuntamiento de París ha recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos acaban de votar en referéndum contra la privatización de los servicios de agua. "Hay una corriente en contra en toda Europa", asegura.

Sin embargo, advierte que en España la presión de las empresas privadas se ve favorecida por sus políticas de expansión, la falta de recursos municipales y la debilidad de la regulación. En este último sentido, destaca que el Observatorio Andaluz del Agua aún no se ha creado.

Hay dos modelos principales de incorporación de las empresas a los servicios de aguas. Uno es la privatización del abastecimiento durante un tiempo determinado, que suele ser superior a 10 años, a cambio de un canon y otro, la "colaboración público privada", por la que las empresas aportan fondos al adquirir una parte no mayoritaria de las acciones de la sociedad municipal, reciben parte de los beneficios y se hacen cargo de la gestión, aportando conocimiento y tecnología.

El modelo de colaboración público privada es el que ha permitido incorporar a Aquagest en Aguas de Huelva. La empresa suscribió una ampliación de capital y se hizo con el 49%. Pagó al Ayuntamiento 57,3 millones de euros y se convirtió en socio por 25 años. La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero solo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.

"Muchos municipios españoles emularán la actuación del Ayuntamiento de Huelva porque la alianza público-privada es, sin duda, el futuro de la gestión de servicios para obtener la calidad que merecen los ciudadanos", afirmó el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), cuando se firmó el acuerdo.