Invasión en Torretriana

Torretriana, la principal sede administrativa de la Junta de Andalucía (aloja a tres consejerías), se ha acostumbrado a vivir con sobresaltos. Después de las protestas de funcionarios descontentos por el decreto de la reforma del sector público del pasado mes de noviembre, el edificio, en el que trabajan 1.600 funcionarios, volvió ayer a acoger una protesta laboral. Un centenar de trabajadores que protestaba en sus puertas lograron sortear la vigilancia policial e irrumpieron en las instalaciones.

A las 11.30 se concentraron tres colectivos para protestar por su situación laboral: los trabajadores de Astilleros, que se quejaban de la falta de trabajo; los de la fábrica de Flex de Alcalá de Guadaíra, que ha anunciado el cierre de la factoría; y los prejubilados de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía que llevan meses sin cobrar.

"Hasta que no cobremos todos, no vamos a parar. ¡O salimos mañana con la victoria en la mano, o aquí va a arder Troya!", gritaba una representante sindical a través de un megáfono, tras desalojar el edificio de forma pacífica.

Aunque nadie les recibió ayer, la Junta sí les prometió una reunión con los viceconsejeros de Empleo y Hacienda esta mañana.

Los 89 afectados de Astilleros insisten en que "quieren trabajar". Desde que algunos bancos retiraron la financiación en septiembre de 2009, la actividad en la factoría naval está paralizada. "Es una pena, porque nosotros éramos buenos haciendo barcos", se lamenta uno de ellos. "Ahora solo nos dedicamos a las labores de mantenimiento para que no parezca que eso está abandonado", añade este trabajador, que recuerda los buenos tiempos de la empresa: "Era una empresa familiar. Muchos de nuestros padres y abuelos ya trabajaban aquí y siguen siendo amigos. Se lo han cargado por la mala gestión".

Los trabajadores de Flex iniciaron ayer una huelga. Sus puestos de trabajo tienen los días contados y piden una solución. La empresa anunció el pasado miércoles su intención de cerrar la planta de Alcalá de Guadaíra y trasladarla a Portugal.

El tercer grupo, los prejubilados de los ERE de varias empresas, exigen a la Junta que cumpla con su palabra, porque algunos llevan siete meses sin cobrar. "Con 57 y 58 años no podemos quedarnos sin trabajo y sin ingresos", decía un portavoz. "Estamos plenamente legitimados para manifestarnos porque exigimos nuestros derechos; somos trabajadores y no maleantes".

En Jaén, 150 trabajadores de Primayor acampan desde el miércoles frente a la delegación del Gobierno andaluz para pedir la recolocación tras el cierre de la empresa.