La percepción de un alto fraude fiscal alcanza a siete de cada diez vascos

Casi siete de cada diez personas (el 69% de los encuestados en el último sociómetro, conocido ayer) creen que en Euskadi existe mucho o bastante fraude fiscal y casi idéntico por porcentaje, el 68%, piensa que las autoridades competentes, en este caso las Diputaciones forales, hasta ahora las tres gobernadas por el PNV, realizan pocos o muy pocos esfuerzos para combatirlo. La encuesta se hizo en base a 2.155 entrevistas a domicilio.

El convencimiento social sobre esta práctica ha crecido en ocho y siete puntos, respectivamente, desde hace menos de un año. También han crecido, del 77% al 79%, los convencidos de la injusticia en el cobro de impuestos, en el sentido de que no paga más quien más tiene.

El terrorismo solo es mencionado por el 13% entre los tres primeros problemas

Ante el debate político que se anuncia sobre la cuestión, una vez el lehendakari oficialice la propuesta de fiscalidad que ha anunciado, la opinión ciudadana apuesta, en un 61%, por mantener tanto los impuestos como los servicios en su estado actual, mientras solo un 16% cree que se deberían subir los tributos más a cambio de mejorarlos y el 12% preferiría verlos bajar, aún a costa de que los servicios públicos empeoraran.

El sociómetro revela igualmente un elevado desconocimiento ciudadano sobre las responsabilidades de cada administración, sorprendente, a primera vista, en una comunidad tan celosa de su autogobierno y sus derechos históricos: menos de la mitad de los encuestados sabe que son las diputaciones las que recaudan los impuestos. Casi cuatro de cada diez piensa que existen duplicidades entre las administraciones y el 36% de quienes así lo piensan afirman que ocurre principalmente entre el Gobierno y las diputaciones.

La sensibilidad social, a la hora de dirigir la protección, se inclina hacia los desempleados (37%) y hacia las personas mayores que viven solas (35%)

El estudio, presentado ayer por el responsable de prospecciones sociológicas del Gobierno, Víctor Urrutia, y centrado en la valoración sobre las políticas públicas, revela también, por primera vez en cinco años, y en solo dos meses, un repunte del interés ciudadano por la política. Aunque sigue siendo ampliamente mayoritaria la postura opuesta, quienes manifiestan estar muy o bastante interesados en la política suponen ahora el 26% mientras en abril eran solo el 19%. Este porcentaje no se había alcanzado desde mediados de 2006, antes de la crisis económica. La recogida de datos se llevó a cabo la segunda semana de junio, en vísperas de la elección de alcaldes y el último día se conoció la sentencia que declara ilegales las vacaciones fiscales a empresas por parte de las diputaciones. En todo caso, el sociómetro revela que el interés y las preocupaciones de la ciudadanía están centrados en la situación económica -solo el 13% coloca el terrorismo entre las tres principales preocupaciones- y que los recortes que esta ha acarreado se ha traducido, según valoró Urrutia, en un descenso en la valoración de las políticas y servicios públicos que prestan todas las administraciones, aunque el aprecio sigue en cotas muy altas. Igualmente altas resultan las expectativas sobre el futuro de esos servicios, en lo relativo a la educación, la sanidad o los servicios sociales, pero no así respecto a las pensiones, la cobertura al desempleo, el acceso a la vivienda o la renta de garantía de ingresos.