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Reportaje:

El desamparo de educar en casa

Decenas de familias gallegas asumen la enseñanza de sus hijos sin que la Administración autonómica tenga registro alguno de su falta de escolarización

De "desamparados" tachó la polémica Lei de Apoio á Familia e á Convivencia de Galicia a los menores que no fueran escolarizados por la vía tradicional. Fue, en el momento de la presentación de la ley, un duro golpe para las familias que educan a sus hijos en casa, cuya situación se metía una vez más en el mismo saco que la del absentismo escolar. Tras meses de negociaciones, varias de estas familias lograron que el PP presentase una enmienda en el pleno del Parlamento gallego. La reforma del artículo 52 acotó el desamparo únicamente a situaciones en las que se menoscabase "el desarrollo y bienestar" del menor o existiese un "perjuicio grave".

Este escenario viene a ser la constatación de que la escolarización en casa en Galicia, al igual que en el plano estatal, nada en un terreno de ambigüedad. En Europa, son miles las familias que han tomado la decisión de educar a sus hijos en casa, y existen leyes que contemplan el homeschooling como alternativa. Cabe preguntarse cuál es la razón por la que la falta de consenso continúa alimentando una situación que baila entre la legalidad y la ilegalidad.

La Lei de Apoio á Familia fomenta el vacío legal del estudio alternativo
Solamente algunas familias logran que sus hijos consigan títulos oficiales

Los homeschoolers son niños en minoría. La Asociación para la Libre Educación (ALE) tiene constancia de 30 familias gallegas que educan a sus hijos en casa, un imperceptible porcentaje del que la Administración no tiene registro alguno. "No es competencia nuestra", alegan en la Xunta, que pasa la pelota al Ministerio de Educación, este a los Ayuntamientos, que "deben evaluar cada situación de forma local", y de estos, de vuelta a la Consellería de Educación, cerrándose así el círculo del desamparo administrativo. "No se lleva ningún control, ni falta que hace, quita muchos problemas", afirma Marta García, exvicepresidenta de ALE y madre de tres niños educados en su casa de Sada. "Es que vamos en contra de la mayoría".

Desde el ámbito de la educación, ven clara la solución al vacío legal. "Las familias que no están de acuerdo con el sistema educativo" afirma Antonio Vara, profesor de Ciencias de la Educación, "deben participar activamente para mejorar su calidad. Si no hay comida para todos, que garanticen una buena alimentación. El que tenga recursos para alimentarse mejor, no puede apartarse para que le dejen comer tranquilo".

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En este contexto, algunas familias lo tienen complicado para que sus hijos consigan títulos oficiales que convaliden sus estudios. Hay que trasladarse a otras comunidades como Cataluña, donde se reconoce la "escolarización no presencial" para encontrar algunos de estos casos. Lluís Vives, padre de tres chavales educados en casa, ha conseguido que el mayor de ellos, de 17 años, curse los últimos años de bachillerato después de haber desaparecido del registro escolar durante seis años. "Matriculé a mi chico en una escuela a distancia de Estados Unidos. Cuando acabó los estudios obligatorios, pudimos hacer una matrícula provisional en un curso de formación de grado medio hasta que decidían si homologaban o no el título". Esos tres meses se convirtieron en nueve, y concluyeron con un resultado negativo: "A final de curso nos dijeron que no homologaban el certificado". "Como él ya estaba dentro del sistema educativo, le dejaron hacer la prueba de acceso al ciclo. Con esta aprobada, le convalidaron el título y este le dio acceso al bachillerato".

Pero para realizar este examen hay que tener 17 años, o cumplirlos en el mismo año. En el momento en el que empezó el curso, no habría podido hacer la prueba, pero nueve meses más tarde, cumplía los requisitos necesarios. Si la Generalitat hubiese contestado a los tres meses, habría tenido que esperar un año para comenzar el curso. Al deberse a un error administrativo, el instituto no puso pegas. Las familias "vamos buscando resquicios legales para ir solucionando el tema", afirma Vives. "Cada caso se resuelve de manera diferente".

A pesar de la divergencia de opiniones, la solución para aquellos a favor y en contra del homeschooling, pasa por la misma medida: elaborar un ajuste en la legislación. "Hace falta un control que no existe", afirma Antonio Vara. "No puede ser que vayas paseando por la calle, te encuentres con niños que deberían estar en la escuela y nadie haga nada". Vives encuentra necesaria esta regulación, aunque con unos fines contrarios: "Entendemos que tenga que haber un control, es más, pedimos que se habiliten los mecanismos para que no haya un castigo para los niños". Niños a los que la Lei de Apoio á Familia metía en una situación de "desamparo". Lo que no acaba de quedar claro es quién está detrás de este abandono.

La necesidad de un debate estatal

El Parlamento gallego aprobó esta semana la Lei de Apoio á Familia, un texto legislativo al que le llovieron críticas desde varios colectivos, y que contó con el rechazo de los dos grupos de la oposición. La controvertida ley enreda aún más la situación del homeschooling en Galicia, ya que a pesar de que al principio parecía mostrarse en contra, deja ahora una vía de escape para las familias. Una vez más, no se prohíbe ni se permite abiertamente la educación en casa.

"Hay familias que opinan que tiene que haber un debate en educación", explica Marta García, exvicepresidenta de la Asociación para la Libre Educación (ALE), "creen que hay que llevarlo al Parlamento español". Mientras tanto, algunas comunidades autónomas van dando pasos hacia delante. En Cataluña, la primera ley de educación, aprobada en agosto de 2009, explica que el Gobierno "debe desarrollar una oferta adecuada de educación no presencial".

Lluís Vives, profesor catalán que educa a sus tres hijos en casa, afirma que varias familias estuvieron hablando con los grupos parlamentarios con el fin de "pactar algún sistema de control y sobre todo de homologación de estudios". "Pero esto es aquí, con la ley de educación de Cataluña", aclara Vives. "A nivel estatal no han hecho nada, y en Galicia, la única legislación que se hizo no fue en el plano educativo, es una ley de protección de menores que no diferencia lo que es absentismo de lo que es la educación en casa".

"Nosotros no decimos que educar en casa es lo que tendría que hacer todo el mundo", explica Vives. Marta García lo respalda: "Lo único que quieren la mayoría de las familias es que las dejen en paz".

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