El valor de Bankia augura un alto control estatal en las cajas débiles

La valoración de Bankia y Banca Cívica de cara a sus salidas a Bolsa marca un importante precedente para poner precio a las cajas de ahorros que necesitan recapitalizarse y, en particular, las que requieran para ello ayuda pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Aplicar la valoración de Bankia de 0,3 a 0,35 veces los fondos propios previos a su ampliación de capital (o la similar de Banca Cívica) amenaza a las cajas más débiles necesitadas de ayuda pública con que la participación del Estado supere ampliamente el 50% del capital si las entidades no logran inversores privados.

En ese caso están, por ahora, CatalunyaCaixa, Unnim, Novacaixagalicia y la CAM. Con el rango de valoración de Bankia, y si no encuentran inversores privados, el FROB puede llegar a controlar entre el 66% y el 85% del capital de esas entidades (ver cuadro). El Banco de España determinará el 30 de septiembre, como fecha límite, cuánto capital público necesita cada una e inyectará fondos del FROB. En principio, Caja Duero-España, que negocia una fusión con Unicaja para evitar la entrada del FROB, no quedaría en control del Estado aunque se frustrara la fusión con Unicaja, operación que está negociando y podría cerrarse en septiembre.

Las cajas intentan atraer inversores privados antes de la nacionalización

Si el Estado supera el 50%, la caja deja de ser entidad financiera

El FROB puede subastar la caja o quedarse dos años como accionista

Novacaixa y la CAM, las que tienen un futuro más complicado

Si el Estado toma la mayoría de una entidad, la caja pierde su condición de entidad financiera y pasa a ser una fundación accionista de un banco. El fondo de rescate podrá vender a un competidor el negocio financiero. Por eso, la línea roja que todas quieren evitar es caer del 50% del capital, un objetivo difícil en algunos casos. En el caso de Bankia, si vendiera más del 50% en Bolsa, también provocaría que las siete cajas dejaran de serlo para convertirse en fundaciones. Esto sucedió en Italia, donde los bancos se hicieron con el negocio de las cajas, que casi desaparecieron del mapa.

El FROB no seguirá un criterio matemático uniforme para valorar las cajas que pidan dinero público. Tras las revisiones que han realizado las auditoras, ahora estas cinco cajas débiles serán valoradas por bancos de inversión. En el caso de la CAM participan tres instituciones: dos bancos de inversión, HSBC y Crédit Agricole, y la auditora PwC.

Estos procesos estaban pendientes de las valoraciones de las entidades que salen a cotizar, que serán la referencia más clara. Entre las cajas se espera que el FROB sea menos exigente y no llegue al mínimo de la horquilla de Bankia y Banca Cívica, es decir, que no aplique un descuento del 70% sobre el valor contable.

Sin embargo, el fondo de rescate utiliza dinero público, por lo que no se vería con buenos ojos que el Estado pagara más que los inversores privados por unas entidades cuyos balances no están mejor que los de las que han salido a Bolsa. Ahora, con el ejemplo de Bankia, el Banco de España se puede cargar de razones frente a los políticos que no quieran admitir sus bajas valoraciones.

La solución para CatalunyaCaixa y para Unnim es recurrir a participaciones preferentes (que suponen un préstamo del FROB y no acciones), a las que tienen derecho por haber iniciado los trámites para su solicitud tras suspender las pruebas europeas hace un año. La primera entidad puede reclamar hasta 1.032 millones y la segunda 270 millones. El problema de este préstamo es que se debe devolver con un interés del 10% anual, lo que rebajaría los ya escasos beneficios. La estrategia podría ser combinar una parte del dinero en ese tipo de préstamo y otra en acciones, para no sobrepasar el 50% del Estado.

En el mercado se especula con que Unnim buscará una fusión para salir del apuro que tiene ahora. Banca Cívica intentó quedarse con ella, pero pedía un fondo que garantizase posibles pérdidas y el Banco de España se negó.

Novacaixagalicia está vendiendo participaciones industriales para elevar el capital y necesitar menos dinero público. Sin embargo, las necesidades de capital son tan altas, 2.622 millones, que requeriría incrementar en unos 1.000 millones el capital privado para no perder el control. Es una cantidad demasiado elevada. La búsqueda de inversores privados puede no ser una solución porque estos también exigirán una valoración baja y se podrían quedar con el control de la entidad. La Caja del Mediterráneo (CAM) parece la más apurada. Nadie ha querido entrar sin una garantía frente a pérdidas por lo que lo más probable es que quede en manos del Estado. A la deseperada, intenta recibir fondos del FROB como préstamo y no como capital para evitar el control público.

Tras el desembarco público, las entidades tendrán en algunos casos un máximo de dos años para buscar inversores y recomprar las acciones al Estado a un precio superior. En otros casos, el FROB puede subastar la entidad tras hacerse con el control. La CAM parece abocada a esta drástica solución. CatalunyaCaixa cuenta con el crédito por parte del supervisor, con lo que el Estado podría ser un compañero de viaje por dos años. Novacaixagalicia tiene un horizonte negro, que solo José María Castellano, el nuevo presidente, podría aclarar si evita la nacionalización al lograr una combinación de inversores privados y el Estado.