El PSC da un giro de 180 grados y quiere pactar con CiU la 'ley ómnibus'

Apenas cinco días después de que CiU salvara al Gobierno del PSOE apoyando el decreto de negociación colectiva, los socialistas catalanes se mostraron ayer dispuestos a negociar con Artur Mas la ley ómnibus, que desmantela parte de la obra del tripartito de una tacada con la reforma de 90 leyes y 631 artículos.

Atrás quedan las duras críticas que formularon los socialistas catalanes cuando se conoció la iniciativa legislativa, que ha recibido 2.344 alegaciones. El mismo expresidente de la Generalitat José Montilla dirigió una carta a la militancia el 7 de junio en la que decía que esa ley se inscribía en la "contrarreforma social" más "dura que se ha hecho contra el Estado de bienestar". También alertaba de que "la ofensiva neoliberal y destructora de la arquitectura social de Cataluña ya ha comenzado" de la mano de Mas.

Tres semanas después, la postura del PSC se sitúa en los antípodas. "No se trata de que la ley sea un obús, como dijo el consejero Mena, sino de que contenga proyectiles bien dirigidos, digeribles", dijo ayer Miquel Iceta, portavoz del PSC, tras la reunión de la ejecutiva del partido, que analizó el tema. Y en ese clima de sociovergencia, Iceta reveló que "CiU nos ha comunicado que tiene muy buena disposición a negociar".

El portavoz socialista obvió en todo momento la vertiente más polémica de la ley, como la limitación de la atención sanitaria a los inmigrantes, la desprotección de parajes naturales y alquilar instalaciones públicas a empresas de la sanidad privada. Sí puso dos condiciones para iniciar la negociación: que se troceen en cuatro bloques las reformas (promoción económica, ley de urbanismo, simplificación de la Administración y agilidad) y que no afecte al control de los medios públicos de la Generalitat. Eso implica no tocar la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ni la del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Justamente ayer, CiU apoyó en el Congreso la reforma de la Ley de la Seguridad Social y se dio luz verde al traspado del Gobierno a la Generalitat de siete grandes hospitales de Cataluña y del edificio del Instituto Catalán de la Salud situado en la Gran Via de Barcelona. La operación permitirá al Gobierno de CiU hacer 400 millones de euros de caja con la venta de esos edificios, que después ocupará en alquiler. Los nacionalistas han repetido con insistencia que no les ha quedado más remedio que pactar con el PP diversas leyes porque el PSC, que hizo a Mas presidente con su abstención, no se ha avenido a seguir pactando.En lo que parece un intento de pasar página a los desencuentros de los últimos meses, el PSC también anunció ayer su disposición a negociar con CiU la futura ley electoral catalana. Hoy mismo se reunirán representantes de ambos partidos para sentar los principios básicos de una ley que está pendiente desde el restablecimiento de la democracia en Cataluña. La ley necesita dos tercios del Parlament y bastaría con el acuerdo de socialistas y convergentes, lo que ha provocado el rechazo del resto de partidos.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, denunció los "juegos amorosos" de CiU y PSC para aprobar una ley con los distritos uninominales, que "consagrarían el bipartidismo". Por su parte, la portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, criticó que convergentes y socialistas estén negociando la nueva normativa "a puerta cerrada", excluyendo al resto de grupos.

Iceta aseguró que tanto CiU como el PSC avalan un sistema "de doble voto", al estilo alemán -con un voto se elige el diputado de distrito (el PSC propone 54) y con el otro una lista nacional-, pero ha insistido en que su partido no avalará ninguna ley que suponga un retroceso en términos de "proporcionalidad". El portavoz socialista recordó que PSC y CiU se bastan para aprobar la ley, pero que la intención es abrir el diálogo al resto de partidos, cuando se pongan de acuerdo en las bases de la nueva ley.