"La suspensión de 15 nuevos juzgados no es de recibo"

Pedro Viguer (Valencia, 1965) es desde 2007 decano de los jueces de Valencia. Un cargo especialmente reconocido en el mundo judicial porque lo eligen los propios jueces. La entrevista tiene lugar en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Un edificio que parece inspirado en la misma monumentalidad que la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que se ve desde su ventana. La sede judicial es reciente (2003), pero también parece de otra época: cuando sobraba dinero para grandes obras y la relación de la Generalitat y la Administración de justicia era mucho menos tensa. La recesión, la sobrecarga de trabajo y decisiones políticas como la renuncia del Consell a abrir 15 juzgados que ya habían sido acordados, han modificado la situación.

Pregunta. ¿Es el momento más difícil que ha vivido en la justicia valenciana?

Respuesta. El más difícil no lo sé. Pero es un momento muy complicado. Se junta la crisis económica, el incremento de asuntos, dificultades presupuestarias... Todo eso metido en la coctelera ha dado lugar a que en cierto modo, como dicen los compañeros, acudamos a los juzgados a luchar contra los elementos.

P. ¿Qué es lo más acuciante?

R. Lo que más preocupa es la creación de los 15 juzgados que ha quedado suspendida. No me parece de recibo que se renuncie a ellos mientras el Consejo General del Poder Judicial está diciendo que hacen falta 63 plazas judiciales en la Comunidad Valenciana. Que, por cierto, es la segunda comunidad con más necesidad de jueces por detrás de Andalucía, con 122. Pero hay que tener en cuenta que Andalucía son ocho provincias y nueve millones de habitantes y aquí somos tres provincias con cinco millones de habitantes. O se crean los juzgados o habrá que articular fórmulas para, al menos, conservar las plazas judiciales, creando jueces de apoyo, jueces de adscripción territorial...

P. ¿Qué significa esa renuncia de la Generalitat a abrir 15 juzgados cuando hacen falta 63?

R. Pues me hace dudar de que realmente seamos una prioridad. Somos conscientes de que estamos en una época económica muy mala. Pero en justicia cuando más trabajo hay es precisamente en épocas de crisis. Reclamaciones civiles, reclamaciones laborales, concursos de acreedores... ¿Y va a ser ahora cuando menos dedicación presupuestaria tengamos? La justicia es uno de los pilares del Estado de derecho. ¿Vamos a recortar en el control de la Administración pública? ¿En la persecución de los delitos? ¿En la protección y satisfacción de las víctimas? ¿En tutela de derechos? Yo pienso que hay materias donde no caben recortes, como serían sanidad, educación y justicia.

P. Hay quien opina que ese desinterés de la Generalitat tiene que ver con los problemas judiciales de sus dirigentes.

R. En ese tema no voy a entrar. Y creo que el problema de la Administración de justicia no es solo de la comunidad autónoma sino un problema a nivel nacional, porque veo que falta un concepto claro de lo que debería ser un plan global de reforma de la Administración de justicia. Unos problemas vienen de la comunidad autónoma y otros del ministerio.

P. Ha señalado que falla la propia estructura de mando.

R. Cada medida de apoyo tiene que pasar por el Consejo del Poder Judicial. Luego por el ministerio para que lo dote económicamente a nivel de juez y de secretario. Y luego por la comunidad autónoma para que lo autorice a nivel de instalaciones y de funcionarios. El proceso de urgencia es de no urgencia. Es burocrático, nos anquilosa y nos lleva a una situación de bloqueo. Una empresa privada con este modelo de gestión se hundiría desde el minuto cero.

P. Cargos autonómicos y locales han criticado últimamente la labor de policías, fiscales y jueces que llevan adelante investigaciones que les afectan a ellos o a compañeros de partido. ¿Le preocupa esa deriva?

R. En gran medida me es indiferente porque confío absolutamente en el trabajo que realizan los jueces y magistrados en sus procedimientos. Hay valoraciones que molestan, a veces duelen, pero van un poco en el sueldo. Somos poder judicial. Muchas veces nuestro trabajo no gusta, no es agradable, y somos conscientes de ello, pero se tiene que hacer. Y que no se olvide, porque es una forma sutil de condicionar al Poder Judicial, que a nivel de medios y de lo que necesitamos para desempeñar nuestro trabajo dependemos en todo bien del Gobierno central o del Ejecutivo autonómico. No sé si este sistema es el idóneo.

P. ¿Qué espera del nuevo consejero de Justicia, Jorge Cabré?

R. Tiene un perfil técnico elevado. Es fiscal. Conoce la casa, nuestras necesidades, problemas, carencias... Además, ha tenido experiencia en la secretaría autonómica y le deseamos toda suerte de éxitos, porque su éxito o su fracaso será el nuestro. Lo que queremos es que ante situaciones de urgencia se den respuestas efectivas.

P. ¿Qué le van a pedir?

R. Debe mejorarse la formación de los funcionarios interinos, porque lastra el trabajo de los juzgados. Y mantenerlos el tiempo previsto y no periodos inferiores como pasa a veces. Reforzar los gabinetes psicosociales para afrontar la nueva ley de custodia compartida. Empezar a implantar gradualmente la oficina judicial, para lo que es imprescindible el expediente digital. Solucionar los problemas de retribución a los jueces de paz. Y fomentar la mediación y el arbitraje, por ejemplo en el campo de consumo y arrendamientos.