Bildu decide

La falta de acuerdo entre nacionalistas y socialistas vascos, además del voto del único juntero de Aralar, ha permitido a Bildu hacerse con la Diputación de Guipúzcoa, donde disponía de una mayoría relativa de 22 representantes frente a los 14 del PNV, 10 del PSE y 4 del PP. Por primera vez una coalición independentista en la que participa la izquierda abertzale, hasta ahora vinculada al terrorismo, ha logrado hacerse con una de las tres instituciones forales en las que se agrupan los ayuntamientos vascos. Este éxito de Bildu se suma al centenar de alcaldías que va a controlar.

La inquietud expresada por las fuerzas políticas no nacionalistas y por algunos sectores sociales, como el de los empresarios, a cuyos datos fiscales tendrán acceso los nuevos responsables de la Diputación, no es solo resultado del pasado de la izquierda abertzale, sino también de las primeras decisiones adoptadas por sus cargos electos. La prohibición a los escoltas de acceder a los Ayuntamientos demuestra que algunos alcaldes de Bildu han antepuesto los gestos para alimentar su proyecto independentista a la evaluación objetiva del riesgo que corren los ediles socialistas y populares. Esos regidores han asumido la responsabilidad de garantizar la integridad de los amenazados dentro de los Consistorios y tendrán que estar a la altura.

El nuevo diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, ha declarado que, en el nuevo ciclo político que habría abierto la presencia institucional de Bildu, el Gobierno debería negociar con la banda terrorista. Se trata de una afirmación que contradice de manera implícita la posición de la coalición para obtener su legalización: lo que le abrió las puertas a participar en las elecciones fue su compromiso supuestamente inequívoco con las vías democráticas establecidas en las leyes, no la insistencia en la vieja pretensión de forzar una negociación entre los terroristas y el Estado para cambiarlas. Las palabras de Garitano dejan entrever que, al menos por el momento, Bildu no se propone contribuir a la disolución de la banda, sino capitalizar para su proyecto cualquier decisión de esta.

Los tribunales no acordaron la legalización de Bildu dentro de una lógica destinada a acabar con el terrorismo, sino por exigencias del Estado de derecho. Para Bildu es una oportunidad para desmarcarse de la extorsión y el asesinato. Los primeros indicios señalan que no parece haberlo entendido así, restableciendo con algunas decisiones y discursos un sombrío clima político en el que, en la peor de las hipótesis, tendrán que reincidir en la ignominia de mirar hacia otro lado cuando los representantes de las fuerzas políticas no nacionalistas sean víctimas de amenazas o, incluso, de acciones criminales. Si los votos no eximen a los corruptos de sus responsabilidades, menos aún a quienes entre un pistolero y su víctima decidieran alinearse con el primero.