El juicio de Malaya entra en una nueva fase de blanqueo

El macrojuicio del caso Malaya, la gran trama de corrupción en Marbella (Málaga), entró ayer en una nueva fase con el interrogatorio de los supuestos blanqueadores menores del patrimonio de Juan Antonio Roca. Después de 60 sesiones de vista oral dedicadas a los dos primeros bloques -el pelotazo urbanístico de Crucero Banús y los considerados grandes testaferros del cerebro de la trama- ayer se sentaron en el banquillo 16 nuevos procesados. El fiscal considera que este grupo de imputados administró sociedades y bienes de Roca a sabiendas de que él era el propietario y de que el dinero con el que habían sido adquiridas era ilegal, pero no los sitúa en el núcleo duro del blanqueo, ya que no idearon ni controlaban la madeja societaria del ex asesor urbanístico.

Cuatro procesados negaron saber que Roca era el titular de sus empresas

Los nuevos procesados, en realidad, serían piezas instrumentales, no centrales, del entramado de lavado de dinero y Roca se valió de ellos para la gestión de negocios y asuntos muy concretos. En este grupo figuran, entre otros, la aristócrata alemana Sandra von Bismarck, a la que se acusa de vender a Roca por 204.000 euros una sociedad de la que esta era administradora, o los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez Dalp, ganaderos con los que se asoció Roca para crear una explotación de reses de lidia.

Esta especialización permitió ayer avanzar en los interrogatorios con una velocidad nunca vista hasta ahora en el macrojuicio. Ayer dio tiempo a que testificaran cinco de estos 16 procesados. La mayoría negó saber que las sociedades que administraban eran en realidad propiedad del exasesor urbanístico marbellí.

Julián José Fernández, que figuró como administrativo de una sociedad de Roca y administrador de otras dos, declaró que nunca supo quiénes eran los dueños o socios de la entidad. "Ni lo pregunté, porque no creo que corresponda a un empleado preguntarlo", aseguró ante el tribunal. No obstante, Fernández sí reconoció haber tenido un contacto con Roca para su contratación. El cerebro de la trama lo envió a Óscar Benavente, uno de sus hombres de confianza, para que lo pusiera al frente de la ganadería Marqués de Velilla.

El economista Santiago Tato relató que cedió a Roca dos sociedades que había constituido él para poner a nombre de ellas varios inmuebles y locales comerciales. Tato afirmó que él siguió figurando como administrador de ellas "como un favor personal" hacia el exasesor.

Los otros tres acusados que declararon ayer -Carlos García Puente, Juan Bautista Toledano y Rodrigo Hernando- negaron también que supieran que Roca fuera el verdadero titular de las empresas que ellos administraban. Hernando, que trabaja en una sociedad de valores, accedió a administrar la sociedad Condeor porque creía que sus dueños eran los miembros del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta, creadores del entramado societario de Roca, y no el exasesor urbanístico.