Cambios en las Diputaciones

Pocos días después de haberse constituido los Ayuntamientos, el papel de las Diputaciones continúa siendo cuestionado. Especial motivo de preocupación suponen los posicionamientos deslegitimadores de analistas y líderes políticos sobre el tema. La valoración que hacen los propios Ayuntamientos no es más halagüeña. No la consideran una institución para la solidaridad intermunicipal que les pertenece, que está a su disposición, sino como un banco de nadie, del que, con picardía, hay que sacar cuanto más, mejor.

Tras la ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones se podrían haber reorientado con un criterio municipalista en el sentido más elemental y básico. No fue así, y la mayoría siguieron organizadas como pequeñas autonomías. No es extraño observar cómo las Diputaciones dedican un porcentaje alto de sus recursos a mantener los más diversos organismos.

Nuestra conclusión no es optimista. Si las Diputaciones no encuentran rápidamente su sitio y justifican, con una eficiente gestión, la conveniencia de su existencia, la progresiva consolidación de las Comunidades Autónomas por arriba, el lógico protagonismo de los Ayuntamientos por abajo, y la duplicante alternativa de las mancomunidades por los costados, se cargan el invento, al menos en su concepción más noble. Sería una pena que, a corto o medio plazo, desapareciesen o se difuminasen. Son unas instituciones idóneas para racionalizar la atomizada y cara Administración local. En el esquema que propugnamos, las Diputaciones perderían poder político y pasarían a conformarse, en lo que se refiere a la prestación de los servicios, como interlocutor de los Ayuntamientos ante las respectivas Comunidades Autónomas.

Cualquier estudio serio que hagamos sobre el papel de las Diputaciones debe arrancar del análisis de sus competencias, que tienen que ser definidas en función de los servicios a prestar por los municipios. Estos servicios son: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas.

Asumido que el objeto competencial de las Diputaciones radica en garantizar la prestación de los servicios municipales básicos, las características del territorio, la tipología de los municipios y, en fin, la madurez de las instituciones provinciales permitirán distinguir diversos grados de intensidad en su ejercicio. La construcción de infraestructuras y equipamientos sería el nivel más elemental y la prestación formal y completa de determinados servicios, en sustitución de los Ayuntamientos, supondría el grado máximo. Las modificaciones más determinantes que proponemos introducir en el sistema se refieren a la reasignación competencial y a un profundo cambio en la representatividad. Dado el elevadísimo número de pequeños municipios (más del 90%) con serias dificultades para atender sus actuales obligaciones sería deseable proceder, mediante una ley, a una redistribución de competencias entre Diputaciones y municipios. Esta medida permitiría una mejor coordinación y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.

La representatividad de los municipios hace aguas por todas partes. No es sostenible que el municipio de la capital de la provincia, que por población estaría excluido del ámbito de actuación de la Diputación, aporte la mitad del número de miembros de esa corporación. Y es comprensible que los alcaldes no se consideren representados ni defendidos los intereses de sus municipios en la institución provincial.

Como alternativa, se debería estudiar la sustitución del modelo actual por una asamblea general constituida por los alcaldes de los Ayuntamientos objeto de la gestión provincial. Esta asamblea se reuniría periódicamente para votar las decisiones importantes: presupuesto anual, planes de inversiones, tarifas... Un consejo de gobierno, emanado de las fuerzas políticas que la componen, sería el responsable de la gestión diaria.

Al margen de las competencias indiscutibles, las Diputaciones desarrollan otras actividades con poco o ningún soporte legal. Como tampoco es cuestión de cambios drásticos de hoy para mañana, una solución ecléctica podría consistir en que este tipo de actuaciones se aborde con recursos económicos específicamente transferidos para esos fines.

Julián Díaz Ortega fue presidente de la Diputación de Córdoba entre 1984 y 1991