El Ayuntamiento elude suavizar la subida del IBI para los colectivos más necesitados

Es de suponer que las casas más valiosas, que son las que más impuesto de bienes inmuebles pagan, pertenecen a la gente más rica. Y hasta ahí llega la progresividad del IBI, que no entra a valorar si el propietario de la vivienda es un millonario o un pensionista. El Ayuntamiento reclama al Gobierno central desde hace siete años un cambio legal que le permita crear lo que denomina "IBI social". Quiere aplicar un tipo diferente (entre los límites legales del 0,4% y el 1,1%, y en contraposición al fijo actual de 0,58%), según el valor catastral de la vivienda, e introducir bonificaciones de hasta el 50% para jóvenes, parados, pensionistas, etc.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, volvió a insistir durante la campaña electoral en esta pretensión, que también figura en el discurso habitual del PSOE e IU. El motivo para no aplicarlo es que la Ley de las Haciendas Locales se lo impide. La única excepción contemplada es la que se refiere a las familias numerosas. A eso se suma las exenciones a edificios oficiales, fundaciones, centros religiosos o patrimonio histórico (independientemente de que albergue restaurantes u hoteles de lujo). Esa excepción detrae 94 millones a sus arcas.

El PP se escuda en la complejidad de las bonificaciones para no aplicarlas

Pese a que el Ayuntamiento se escuda en esa imposibilidad legal de aprobar bonificaciones que doten de un mayor carácter progresivo y social al IBI, lo cierto es que cuenta con mecanismos para ello, que incluso aplica ya en otros casos.

El Ayuntamiento ha diseñado unas "zonas francas para emprendedores" en determinados barrios que estarán exentas de tributación municipal durante los dos primeros años de actividad empresarial. En su programa electoral explicaba: "Esta medida la articularemos, dadas las limitaciones de la Ley de Haciendas Locales, mediante el reintegro de las cantidades satisfechas por los conceptos tributarios".

Es decir, los empresarios pagan sus impuestos, y luego se les devuelven en forma de subvenciones. Un sistema similar permite al Ayuntamiento bonificar el impuesto de actividades económicas a las empresas que firmen nuevos contratos indefinidos o estén en pérdidas (y amenacen así con destruir empleo); o el impuesto de construcciones a las obras de rehabilitación que reduzcan el consumo energético.

Es decir, el sistema existe y se usa, pero no con el IBI. ¿Por qué? El concejal de Hacienda, Juan Bravo, admite que "sí se puede hacer, se puede buscar alguna fórmula". "Y no descarto hacerlo en casos de necesidad social extrema", añade. Como ejemplo, Bravo cita las familias con todos sus miembros en paro durante el último año. ¿Por qué no ampliar entonces el carácter social del IBI, explotando esta vía? En parte, por motivos operativos: el régimen de subvenciones es "endemoniado", según Bravo, al estar sujeto a una vigilancia exhaustiva caso a caso. Pero también por reticencias ideológicas. Ayudar a una familia que lo está pasando mal mediante la bonificación del impuesto a su vivienda en propiedad supone, en opinión de Bravo, una discriminación a otras personas que puedan estar en igual o peor situación pero vivan en régimen de alquiler, al no poseer ni siquiera una casa propia.

Izquierda Unida, sin embargo, le recuerda otro caso extremo, el de una hipotética pensionista que viva en un piso de protección oficial y pague un IBI desproporcionado en comparación con sus ingresos.

Su portavoz, Ángel Pérez, ha instado además al Ayuntamiento a "fijar las bonificaciones previstas en un plazo máximo de tres años para amortiguar el impacto del impuesto en las economías familiares". Bravo descarta hacerlo, porque en realidad no disminuyen la cantidad a pagar, sino que simplemente la reducen durante esos primeros tres años, pero compensa la bajada con una subida proporcional en los ejercicios posteriores.