La justicia ratifica la imputación de la cúpula de Camps por corrupción

El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.

La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).

Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP.

Empresas implicadas

Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.

El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.

La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira.