La Generalitat ve una "estafa" de socialistas y populares la provisionalidad del alto tribunal

Los partidos catalanes están viviendo de forma muy particular la crisis del Tribunal Constitucional. El tortuoso paso del Estatuto de Autonomía de Cataluña por este órgano, sobre el que el alto tribunal falló el pasado julio, ya hizo saltar chispas por la situación de provisionalidad en la que se encontraban en aquel momento cuatro de sus miembros. Ayer, el Gobierno catalán, en manos de Convergència i Unió, dijo sentir que sus críticas se han legitimado ahora más que nunca. De "estafa" y "espectáculo" tildó el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, las diferencias que mantienen el PSOE y el PP para renovar a los magistrados cuyo mandato ha expirado.

"Estos partidos no se cansan de darnos lecciones de qué es constitucional y qué no, y bajo este amparo nos regatean todo aquello que afecta a los intereses de Cataluña", denunció Homs, que añadió que los dos grandes partidos "miran hacia otra parte" cuando se trata de renovar el alto tribunal en los términos que establece la Constitución.

Tanto CiU como el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ya acordaron el verano del pasado año pedir un cambio de la ley del Tribunal Constitucional en el sentido de impedir que se prorrogara más de seis meses la provisionalidad de los magistrados una vez termine su mandato. Además de los dos grandes partidos catalanes, suscribieron el acuerdo Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Después del acuerdo, la propuesta fue trasladada al Senado y de allí al Congreso, donde sigue pendiente de discusión.

Homs hizo referencia ayer a estos intentos que hubo por parte de los partidos políticos catalanes y lamentó que ninguna de las reformas planteadas haya podido ver la luz. Lo atribuyó "al trapicheo partidario", responsable también de que haya sido imposible por ahora consensuar los nombres de los magistrados sustitutos.