Credibilidad y transparencia

En estos días hemos asistido a un nuevo espectáculo de enfrentamiento político con motivo del estado de las cuentas de las comunidades autónomas y su grado de endeudamiento y déficit. La falta de transparencia de los datos que se refleja en dichos enfrentamientos provoca una falta de credibilidad que debería ser evitada por el bien de las finanzas públicas, de la economía en general y de su posible financiación. Los nuevos compromisos de transparencia acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que permiten publicar trimestralmente los datos de ejecución presupuestaria, no parecen suficientes para generar la confianza y credibilidad necesaria sobre el estado de las cuentas de las comunidades autónomas.

Debería hacerse un análisis detallado de las cuentas de todas las comunidades autónomas

El principal motivo sobre la desconfianza que generan dichas cuentas es la gran diferencia que existe entre las obligaciones reconocidas por cada institución y sus pagos realizados. En datos trimestrales siempre ha existido este tipo de diferencia, pero el gran retraso existente en los pagos parece excesivo y perjudica enormemente a la actividad económica de las empresas proveedoras de bienes y servicios a las comunidades, a las que en muchos casos se pone en peligro de quiebra.

Con los datos publicados para el primer trimestre, en el conjunto consolidado de las comunidades autónomas las obligaciones reconocidas alcanzan el 3,48% y los pagos son incomprensiblemente negativos (-1,65%). Solo este dato, sin entrar en el análisis detallado de los resultados de cada comunidad, justifica las quejas de las empresas por falta de pago. Pero además, el hecho de que solo se haya reconocido el 3,48% de las obligaciones -frente al teórico 25% que correspondería a un trimestre- y teniendo en cuenta que hasta ahora sí han pagado las nóminas de sus funcionarios, hace dudar sobre el volumen de facturas sin reconocer que pueden estar en el cajón, a las que algunos comentaristas se refieren con "debajo de la alfombra o en los calzones".

Entrando algo más en el detalle, es necesario reconocer que la diferencia de tamaño de las comunidades autónomas sí importa, ya que su efecto sobre el conjunto del endeudamiento público es de mayor o menor intensidad, incidiendo en diferente proporción sobre el posible cumplimiento del objetivo de déficit. Los datos aportados permiten analizar una por una todas las comunidades autónomas, aunque en su publicación se echa de menos un resumen que ayude a las comparaciones. Si nos fijamos en las comunidades grandes, el comportamiento en cuanto al reconocimiento de las obligaciones y a los pagos la comunidad de Madrid es la que mejor se ha comportado, con un 34,39% de obligaciones reconocidas y un 23,62% de los pagos. Cataluña muestra posición negativa en ambos aspectos (-11,47% y -3,51%, respectivamente). Andalucía ha reconocido más (9,94%), pero ha pagado menos (-10,94%) y la Comunidad Valenciana presenta resultados modestos con un 4,59% de obligaciones reconocidas y un 0,21% de los pagos realizados.

Con la entrada de Gobiernos de diferente signo político como consecuencia de los resultados electorales, parece razonable la preocupación por el estado de las cuentas. Por ejemplo, la tan discutida Castilla-La Mancha no se desvía mucho de otros resultados, aunque presenta datos negativos en ambas rúbricas (-3,98% y -8,16%). Aunque es una comunidad de menor peso para el conjunto, parece necesario y conveniente un análisis detallado y exhaustivo de sus cuentas.

En las circunstancias actuales y en aras de alcanzar el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas, comprometido en un 6% del PIB, sería necesario cumplir con el exigido para las comunidades autónomas en el 1,3% del PIB. Pero más importante todavía es restablecer la credibilidad internacional y para ello debería hacerse un pacto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para realizar un análisis detallado de las cuentas de todas y cada una de las comunidades autónomas. Es posible que de dicho análisis puedan concluirse desequilibrios entre las obligaciones contraídas y la capacidad de generación de ingresos en algunas comunidades. Incluso es posible que para algunas sea insostenible la financiación de la sanidad. Pero para encontrar soluciones adecuadas es necesario conocer los datos con veracidad y de nada sirven las peleas, acusaciones y descalificaciones a las que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).