El fiscal desmonta la tesis de Campanario

Un mes de juicio no han hecho variar al fiscal de la Operación Karlos, Juan Bosco Anet, su visión de la trama montada en Cádiz para obtener pensiones de invalidez fraudulentas. Mantiene que el imputado Carlos Carretero lideró la idea y que se aprovechó en algunos momentos del escaso nivel cultural de algunos de sus clientes. Con todo, cree que ha resarcido gran parte del daño económico hecho.

No opina lo mismo del inspector médico Francisco Casto, al que acusa de "traición" y de "mentir" en el juicio. Las lágrimas de María José Campanario y su madre, Remedios Torres, no le han conmovido y pide dos años y nueve meses de cárcel para cada una. Según el fiscal, participaron de esta trama sabiendo que actuaban en la "clandestinidad".

El fiscal arrancó sus conclusiones definitivas hablando del cabecilla de la trama. "Carretero ideó un plan para beneficiarse económicamente de forma ilícita mediante la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social para personas a las que previamente captaba y a las que exigía determinadas cantidades de dinero". Su petición para él ha descendido de diez años de prisión a cuatro. Ayer lo razonó: "Ha reparado el daño con la devolución del dinero y con el propio reconocimiento de los hechos. Algo que es plenamente legal". El fiscal se defendió así de las críticas de algún letrado por haber llegado a pactos previos con Carretero y otros 14 imputados. "Tengo que rechazar que haya actuado con falta de ética como me han dicho".

Era un mensaje para el abogado Felipe Meléndez, que representa al inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal tuvo ayer las palabras más duras. "De él se desprende toda la trama. Sin su ideación, no sería posible desarrollarla, aunque Carretero lo hubiese intentado". Según mantiene, su participación es de una "gravedad máxima", puesto que se sirvió de la confianza de los ciudadanos para los que debía haber trabajado. "Fue una traición". También le acusa de haber mentido durante todo el juicio. Pide para él la pena más alta, nueve años.

También el fiscal cree que Campanario y su madre han mentido. "Han dicho que solo gestionaban una minusvalía cuando lo que hacían realmente es una pensión de invalidez a través de una baja laboral. Pagaron por un trámite que es gratuito y lo hicieron en Cádiz cuando lo pudieron hacer en Castellón. Choca contra toda lógica". El fiscal cree que ambas conocían la trama ideada por Carretero y Casto. Utiliza como argumento las escuchas telefónicas y también testimonios del juicio, como la de una médica a quien Remedios Torres reveló el trabajo inventado por Carretero para ella.