23 reuniones, 51 llamadas y un solo Plan General

Alicante

La policía y el fiscal del caso Brugal mantienen que los dos mandatarios del Ayuntamiento de Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, redactaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en función del interés particular del promotor Enrique Ortiz. La investigación justifica esta afirmación en un dato: en la recta final de la elaboración del documento (entre marzo de 2008 y enero de 2010) la policía constata hasta 23 reuniones y 51 llamadas telefónicas en las que el objeto de la conversación era el nuevo planeamiento. Y en especial las actuaciones urbanísticas que más preocupan al promotor, a saber, la recalificación del campo del Rico Pérez, propiedad de una firma del empresario, y las nuevas zonas protegidas de la ciudad para acaparar suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a áreas urbanizables de la ciudad. El informe policial cifra en unos 120 millones de euros el pelotazo de Ortiz con las permutas de suelo protegido por urbanizable.

El juez pide los datos fiscales y tributarios de 29 firmas o personas

Investiga el patrimonio de Castedo, su marido y su hermano

Según el informe, de la Brigada Blanqueo de Dinero de la Comisaría de Alicante, la mayoría de los encuentros se celebraron en restaurantes y otros en sus respectivos domicilios particulares. En esas reuniones, siempre según la policía, tanto Castedo como Alperi proporcionaban al promotor información, a veces hasta planos, de los proyectos que le afectaban.

La regidora Castedo ha admitido reuniones con Ortiz, "aunque siempre en presencia de técnicos municipales", puntualiza. Y, además, niega que facilitara al promotor información privilegiada.

Por otro lado, el juez que dirige la investigación de esta pieza del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, ha autorizado a la policía a que investigue en Hacienda el posible incremento patrimonial de un total de 29 empresas o personas sobre las que recaen sospechas, aunque con diferente grado de implicación en la causa. La lista de los particulares investigados la encabezan la alcaldesa, Sonia Castedo; su marido, Arturo Soto, y su hermano, el abogado José Luis Castedo; el exregidor Luis Díaz Alperi y su hijo, Otto Díaz, además del promotor Enrique Ortiz y su esposa

En el mandamiento judicial que expidió el magistrado a la policía para que recabara la información necesaria, destaca la finalidad del de la alcaldesa, que es "realizar un estudio patrimonial completo de su unidad familiar para comprobar si sus gastos son asumibles con los ingresos declarados tanto en la AEAT (Agencia Tributaria) como los que reflejen sus cuentas bancarias, y poder destacar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz". La petición de datos incluye sus seis cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones o participaciones, fondos de inversión, existencia y contenido de cajas de seguridad u otros activos, "aunque en la actualidad se encuentren cancelados". La petición se extiende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de septiembre de 2010.

Y esta ha sido la primera información que ha recibido el juzgado. Según la documentación que obra en el sumario, entre septiembre de 2009 y abril de 2010, Castedo y su marido abonaron seis cheques o pagarés por un importe conjunto de casi 45.000 euros. El juez ha cursado ya otro mandamiento para conocer su destino.

El instructor también quiere llegar a saber si Ortiz le regaló finalmente a Castedo un coche, de la marca Mini, a través de una tercera persona del entorno de la alcaldesa, que recibió oficialmente el vehículo. Por eso, también ha pedido información de las cuentas bancarias de la mujer que tiene el coche a su nombre y de su marido desde el 1 de enero de 2009.

De Manuela Carratalá, la mujer de Ortiz, también solicita toda la información de tres cuentas bancarias sobre transferencia y traspasos de dinero, "con identificación del origen y destino de las mismas, así como la información sobre cuentas en moneda extranjera o movimientos de capital con procedencia o destino a terceros países, incluso en los supuestos en que las cuentas sean puente entre otras entidades", lo que puede interpretarse como un seguimiento de posibles depósitos en el extranjero de la familia Ortiz.

Entre las empresas investigadas destacan dos del sector aeronáutico, de las que el juez también quiere conocer los datos fiscales y tributarios. Se trata de Best Fly, SL, y Executive Airlines, SL, que "pudieran estar relacionadas con presuntos pagos irregulares llevados a cabo por Enrique Ortiz a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante por su colaboración en la obtención de información relativa al Plan General de Ordenación Urbana".

Los mandamientos judiciales se han extendido al Hércules para saber quién contrató palcos en el Rico Pérez y si la cantidad fue abonada, al objeto de saber si el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pagó el que disfrutaba.

El juez solicita información de una agencia de viajes o la titularidad y cuentas bancarias de los hijos de Luis Díaz Alperi.