Atropello de derechos civiles

El consejero de Educación en funciones cree que el castellano es más adecuado para la enseñanza de las matemáticas y que el valenciano se adapta mejor a materias como el conocimiento del medio. A nadie puede sorprender el sesgo diglósico de Alejandro Font de Mora. Una parte de la sociedad valenciana padece todavía esta mentalidad secular que otorga a una de las dos lenguas en convivencia un estatus de prestigio frente a la otra. El concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau, también del PP, la exhibió esta misma semana frente al regidor electo de la Coalició Compromís Joan Ribó cuando le recriminó que exigiera en valenciano los documentos de acreditación. "¿Cómo puede estar abogando por la austeridad cuando se habla de los coches oficiales y, sin embargo, no le importa tener que contribuir al mayor gasto en administración, en traducción, y además en papel?", alegó un Grau, que pasó de la diglosia a la demagogia sin solución de continuidad.

Que ciertos cargos públicos profesen esa manera de entender la cooficialidad lingüística, contra las propias normas legales y reglamentos municipales en vigor, induce a la conmiseración. Que quieran hacer de su ignorancia un argumento para derogar ciertos derechos civiles solo puede causar indignación. Lo que anunció hace unos días el peor consejero de Educación que ha pasado por la Generalitat es un atropello de los derechos civiles de estudiantes, padres de alumnos, profesores y valencianohablantes en general. El señor Font de Mora y quienes le secundan no están legitimados para imitar a sus correligionarios gallegos y suprimir de un plumazo un modelo de enseñanza en valenciano que, amparado por el consenso con el que se aprobó la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià en los tiempos de la transición, ha funcionado con normalidad (¡durante 16 años bajo Gobiernos del PP!) y que han elegido cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas con notable rendimiento académico y enriquecedora proyección cívica y cultural.

Aunque desde el poder consideren que la comunidad educativa no les resulta afín, que es una minoría la que hace uso de las líneas de enseñanza en la lengua autóctona, y aun por ello, si cabe, con más razón, los gobernantes están obligados a contar con su opinión y a no modificar por decreto el ejercicio de un derecho para someter a sus prejuicios a quienes lo ejercen con la coartada de un plurilingüismo de porcentajes completamente falaz que a duras penas esconde la preeminencia del castellano y la consideración secundaria del valenciano y el inglés. El presidente Francisco Camps pasará a la historia por haber dejado meter mano en las instituciones a una trama de corrupción y por abolir una conquista fundamental de la democracia y el autogobierno. ¡Bonito legado a la posteridad!