El Parlamento aprueba la ponencia sobre las víctimas de excesos policiales

La Junta de Portavoces del Parlamento aprobó ayer la creación de la ponencia que realizará el seguimiento de las medidas para reconocer a las "víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos en un contexto de violencia política".

Ningún grupo se opuso a constituir esta ponencia, que se centrará en quienes sufrieron ese tipo de violencia, principalmente por excesos en actuaciones policiales. Tampoco el PP, que el 31 de marzo pasado rechazó apoyar esta medida al considerar que podría impulsar una "posible equiparación entre las víctimas del terrorismo y los autores de estos crímenes".

Los populares sí apoyaron la aprobación, este mismo año, de un decreto que recoja las ayudas que deberán recibir estas víctimas y la constitución de un espacio institucional para su reconocimiento. La resolución al completo fue apoyada por PNV, PSE, Aralar, EA y EB, y rechazada por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

Sin ninguna comisión

La presidenta del Parlamento, la popular Arantza Quiroga, presidirá la puesta en marcha de la ponencia, como ocurre con todos los grupos de trabajo de estas características. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre habitualmente con las ponencias, esta nueva no dependerá de ninguna comisión parlamentaria, cuyos presidentes encabezan las ponencias que emanan de ellas.

Así, no colgará de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se han enmarcado las cuestiones relacionadas con todas las víctimas de la violencia. Preside dicha comisión Marimar Blanco, parlamentaria del PP y hermana del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997. La Junta de Portavoces ha solicitado un informe jurídico que ratifique dicha posibilidad, indica Vasco Press.

La presidencia de la ponencia se decidirá, por tanto, en su seno cuando se constituya en los próximos días. Su función principal será vigilar que dé el Ejecutivo autónomo para lograr el reconocimiento de las personas que figuran en el informe Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos en un contexto de motivación política, realizado por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. El texto recoge a víctimas de excesos policiales y grupos de extrema derecha entre finales de los años sesenta y el inicio de los ochenta.