Los funcionarios se rebelan contra el traslado a la Ciudad Ros Casares

Un total de 88 empleados públicos que trabajan para la Dirección General de Modernización y en la Dirección General de Patrimonio están siendo trasladados desde sus actuales oficinas, en la calle de Colón de Valencia, a nuevas oficinas, cuyo alquiler es mucho más barato, en la Ciudad Ros Casares, en el término municipal de Xirivella. Está previsto el trasalado de otros 210 de la Agència Valenciana de Turisme. Y, en adelante, otros que deberían instalarse en el Complejo Administrativo 9 d'Octubre, en la antigua cárcel de mujeres de Valencia.

El cambio de ubicación responde al retraso en las obras del nuevo complejo y a razones económicas, según fuentes sindicales de UGT. Pero la voluntad de ahorro de la Generalitat se traduce en el hacinamiento de los trasladados, según fuentes de UGT, que recuerdan que la superficie mínima por trabajador en una oficina que fijan los técnicos de Higiene y Salud Laboral es de 10 metros cuadrados. De hecho, UGT ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo y el inspector ha instado una reunión entre las partes mañana para resolver el problema. "La solución pasa por alquilar más metros", comenta una fuente de UGT.

La Inspección de Trabajo insta a una reunión entre las partes mañana

La misma fuente sostiene que las oficinas de la Ciudad Ros Casares no tienen licencia de ocupación. UGT ha requerido al Ayuntamiento de Xirivella que aclare este extremo.

CSIF también denuncia el "escaso espacio de las dependencias", pero abre otro frente. El sindicato anunció ayer que ha interpuesto un requerimiento previo a la vía jurisdiccional para paralizar el traslado. CSIF alega que la Generalitat "ha actuado de manera ilícita al no negociar las condiciones laborales de este tipo de traslados". Según una nota de CSIF, "el traslado afecta a las condiciones de trabajo y debe estar sujeto a la aprobación de la Junta de Personal". El sindicato subraya que el lugar de destino de todos los afectados es Valencia, no Xirivella. Y sostiene que la Generalitat "no ha tenido en cuenta el impacto en los ciudadanos, que habrán de desplazarse al polígono de Vara de Quart para realizar los trámites pertinentes".

El retraso en la construcción del Complejo Administrativo 9 d'Octubre, en la antigua cárcel de mujeres de Valencia, es la causa profunda de los actuales problemas. La obra está cofinanciada por la Generalitat y la Unión Europea y ha estado parada varias semanas porque las empresas encargadas de la obra no cobraban su trabajo. Será virtualmente imposible concluirlas en diciembre, como estaba previsto.

Un informe de la Federación de Cajas de Ahorros revela que el empleo público en la Comunidad Valenciana ha crecido 32,2% entre enero de 2000 y enero de 2010. Un tercio han sido empleados por la Generalitat, el resto, por los Ayuntamientos.