La sombra del PP entra en convenio

Era la noche del 17 de mayo. Justo la víspera en la que el comité ejecutivo de la patronal CEOE exigió a su presidente, Juan Rosell, que profundizara en la negociación colectiva. Arturo Fernández cenó con los representantes en ese órgano ligados a la patronal madrileña CEIM, que él preside. Acudieron José Antonio Segurado, del que había partido la idea, Juan Pablo Lázaro, José Miguel Guerrero, Francisco Aranda y Jesús Núñez. Estuvieron cuatro horas y concluyeron en que los avances eran muy tímidos y que así no se podía firmar un acuerdo.

Al día siguiente se produjo el comité ejecutivo "más intenso de los 32 años de CEOE", en palabras de Segurado. Hubo 40 intervenciones y, con multitud de matices, todas menos tres coincidieron en hacerle exigencias a Rosell. El pasado miércoles, se celebró otro comité ejecutivo (46 dirigentes) y junta directiva (220). La participación fue menor, aunque en la misma línea. Pero, en esta ocasión se acordó que otra junta directiva examine el texto antes de firmar.

La posición de la patronal madrileña molestó a dirigentes patronales

Todo parecía consensuado. Pero, por la tarde, la CEIM difundió un documento de 12 folios en su página web que desató de nuevo las desavenencias. "Fue un puñetazo encima de la mesa", explican fuentes empresariales. El texto es casi una enmienda a la totalidad de las conversaciones entre los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y Rosell. La patronal madrileña muestra su malestar y expone una serie de exigencias, entre las que destacan el contrato único con 20 días de indemnización por despido y el convenio de empresa (descuelgue de los convenios colectivos).

Pero, quizá lo más sobresaliente fue el último párrafo, en el que reclama no firmar si no satisface "las exigencias de libertad y adaptabilidad que demanda el mercado" y da protagonismo al PP. El pacto dificultaría "la capacidad legislativa de quien, a futuro, deba afrontar las riendas de las necesarias reformas". Toda una declaración de intenciones, de una organización, CEIM, que se pone en manos del PP y no disimula la afinidad con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.

En ese papel quien más está elevando el tono de la crítica en los órganos internos no es el líder de la CEIM, Arturo Fernández, de quien Rosell cree que le han hecho una encerrona, sino el joven vicepresidente Lázaro. Estaría reflejando una corriente que entiende que tras la derrota electoral del PSOE conviene esperar y no darle ni una pizca de aliento, al tiempo que entienden que el PP entendería mejor sus reivindicaciones. Otros, incluido Rosell, piensan que difícilmente los sindicatos firmarían con un Gobierno del PP.

¿Está abanderando algo la CEIM? Según Segurado, "ese último párrafo puede ser malinterpretado; pero es que nos hemos dado cuenta de que en el PSOE ya no hay nadie autorizado". Luego añade: "El comité ejecutivo en el que se pidió profundizar más fue antes de las elecciones; en cualquier caso, la junta de la CEIM nos ha dejado muy poco margen de maniobra y firmar depende del contenido del papel que nos tiene que entregar". Es decir, si no se cumplen las premisas del documento, sobre todo en cuanto al contrato único, difícilmente la CEIM va a respaldar a Rosell, que para Segurado, "está presidiendo de manera impecablemente democrática y merece toda la lealtad del mundo".

La posición de la CEIM ha molestado a muchos dirigentes patronales, que se lo han hecho saber a Rosell. "Es un condicionante político que parece teledirigido desde los flancos más duros del PP", asegura una fuente sectorial, que recuerda que "ha metido en escena algo que no está previsto en la negociación colectiva, como son los contratos, para lo que precisamente existe una mesa ya constituida". Pero la CEIM no parece la única organización patronal incómoda. Hay varias molestas en la forma de conducir las conversaciones, la falta de información y la poca concreción de lo que se conoce. Algo extraño cuando es verdad que Rosell ha pedido la opinión por escrito a todas las organizaciones y les ha dado la posibilidad de expresarse como nunca había sucedido en la patronal. Por otro lado, también se ve la larga mano del aparato, que no ha encajado la presencia de los despachos Garrigues, Cuatrecasas y Baker & Mackinsey como asesores.

A eso se une que otras facciones de la patronal no se muestran muy colaboradoras, quizá pasando factura de las pasadas elecciones, o prefieren mantenerse neutras, como es el caso de algunos de los pesos pesados, como los vicepresidentes Javier Ferrer (Confemetal), Jesús Terciado (Cepyme) y Pilar González de Frutos (Seguros). Algunas sectoriales, como Miguel Martín (Banca) o Luis Serrano (Químicas) han hecho un discurso constructivo al que parece apuntarse la mayoría y en el que destacan la importancia de avanzar y no tirar por la borda los avances logrados.

Todos coinciden, no obstante, en subrayar que Rosell se va a volcar hasta el final y una parte importante critica las posturas beligerantes como las de la CEIM. "Yo tengo que negociar y sé lo que pide la contraparte", les ha dicho Rosell, que ya se ha puesto a redactar el texto con el objetivo de firmarlo entre esta y la próxima semana. En juego está un acuerdo que sería el primero sobre negociación colectiva en 30 años. Rosell, quizá para satisfacer a los contestatarios, está dispuesto a incorporar lo que en realidad quieren todos los empresarios, reducir el despido y ligar los salarios a la productividad.

Al final, los que más ayudan a Rosell son Méndez y Toxo. "El problema es que hay un equipo de demolición con una subordinación partidista [PP] que no para", dice una fuente sindical. "Parece que quieren esperar a que gobierne el PP", añade. La derrota del PSOE no ha ayudado "porque ha dado alas a los partidarios de esa teoría". Rosell también ha tendido puentes con los grupos parlamentarios y está convencido no solo de que es con el PSOE con quien se puede firmar, sino que Rajoy también quiere encontrarse el acuerdo hecho.

"Si fallamos en esta reforma, nos arriesgamos a muchas cosas, incluso a que nos intervengan", reconoce el dirigente patronal, que recuerda la presión del memorándum de la reforma exigida en Portugal como arma arrojadiza.