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Miles de propietarios afectados por 150 planes urbanísticos prorrogados

Los dueños, con terrenos sobrevalorados, no obtienen licencias

Decenas de miles de metros cuadrados, se estima que de unos 150 programas de actuación integrada (PAI), duermen el sueño de los justos, según estima la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN). La Generalitat evitó por decreto que caducaran a los cinco años sin haberse ejecutado y ahora miles de pequeños propietarios están indefensos, no pueden vender sus tierras, ni construir, ni invertir porque están pendientes de su aprobación definitiva. Enrique Climent, representante de Abusos Urbanísticos No, difundió ayer una carta remitida al consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino, en la que representantes de varias plataformas lamentan que estos planes estén "todavía en la consejería pendientes de aprobación".

El problema de estos propietarios es que tienen unos terrenos sobrevalorados, porque sobre ellos planea un futuro proyecto urbanístico, pero no pueden ni vender, ni obtener dinero. Francisco Hernández tiene unos terrenos en el PAI de Les Canyoles, en Xàtiva. "Estamos ante una ilegalidad tremenda, tenemos un valor catastral falso", asegura este afectado que posee miles de metros de suelo agrícola que en el PAI está catalogado como industrial. "Es un fraude, no podemos hacer previsión alguna e incluso anula casi el derecho a la propiedad, han hipotecado nuestras tierras", se lamenta este particular que se considera víctima de una "ilegalidad tremenda".

Climent tilda de "inadmisible" la situación de estos propietarios. En la carta, que suscriben varios afectados por esta suspensión, esgrimen que una de las razones por la que todos estos proyectos no se han aprobado todavía es que "el momento económico no es el más adecuado para emprender proyectos urbanísticos", cuando además los bancos tampoco "están por la labor". De esta manera los planes se dejan "en el frigorífico" de la Consejería para rescatarlos cuando la situación mejore.La petición de AUN se conoce días después de que el Tribunal de Justicia europeo falle que la adjudicación de los PAI no se consideran contratos públicos. El portavoz de AUN considera que el decreto del Consell que prorroga estos PAI no perjudica a los urbanizadores sino que les concede "una patente de corso hasta que las condiciones permitan navegar de nuevo". Sin embargo, para los afectados por estos PAI, tengan o no viviendas, la situación es "angustiosa e inaceptable" ya que continuarán "hasta no se sabe cuando" con la amenaza de posible pérdida de sus viviendas, reducción de propiedades o desembolsos desmesurados para pagar las cargas de la urbanización. "No entiendo como si los delitos del Código Penal prescriben, no pueden hacerlo proyectos que no se realizan porque económicamente no son asumibles", comenta Climent.

Los propietarios afectados mientras no se desbloquee esta situación no pueden realizar obras de mejora, los ayuntamientos no conceden licencias y se enfrentan a "un via crucis de desesperación que no saben cuándo terminará".

Además, recuerdan en la misiva cómo la mayoría de estos PAI prorrogados por el Consell carecen del informe previo sobre suficiencia de recursos hídricos.

Ante esta situación los afectados demandan a Cotino que anule todos los PAI que tengan más de cinco años desde su aprobación provisional en los ayuntamientos. Los PAI "no pueden exceder de un periodo de tiempo determinado, ignorando los cambios sociales que puedan producirse", inciden en la misiva en la que exigen que "se establezcan criterios objetivos de lo que en urbanismo se entiende por interés social o público de forma clara, precisa y entendible, para evitar sorpresas desagradables".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de mayo de 2011