El PP aboga por "no judicializar el urbanismo sino resolver problemas"

La moción la presentó el PSdeG y la apoyaban los nacionalistas. Exigía que el plan de actuaciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística fuese pactado en el Parlamento y que el director del organismo vuelva a ser un cargo independiente no adscrito al conselleiro de turno, como antes de que el Gobierno de Feijóo cambiará los estatutos para destituir a su anterior responsable. Y además, que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de Agustín Hernández asuma las competencias urbanísticas de los ayuntamientos de Fisterra y Barreiros, donde los jueces han ilegalizado con sentencia firme grandes urbanizaciones.

La reclamación surge después de que el Gobierno se haya comprometido a arreglar la situación de varios edificios declarados ilegales en Fisterra que en su día fueron levantados por constructoras vinculadas a cargos del Partido Popular en la Costa da Morte. Bastaría con que la Xunta solicitase la ejecución de la sentencia en un pleito iniciado por el bipartito para que la piqueta tumbase esos mamotretos que carecían de los servicios básicos cuando recibieron la licencia del Gobierno municipal. En Barreiros, una situación similar ha llevado a la Xunta a promover un convenio para dotar de infraestructuras a otras urbanizaciones ilegales con fondos que financiarán el Gobierno gallego, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento.

El PP, por boca de su diputado Román Rodríguez, se negó ayer a todo lo que le demandaba la oposición. Según explicó este parlamentario, la agencia funciona ahora "con autonomía y trata a todos por igual partiendo de la presunción de inocencia, quiere solucionar problemas evitando la judicialización y las demoliciones". Contrapuso esta filosofía a la que, en su opinión, imperaba con el bipartito "con actitudes irresponsables que fueron parando construcciones, por eso están por ahí esos esqueletos". Rodríguez se quejó de que socialistas y nacionalistas no reclamasen la retirada de las competencias de urbanismo a otros municipios como Porto do Son, Foz o Viveiro con el siguiente argumento: "También ahí se concedieron licencias en suelo urbano no consolidado". "Nosotros defendemos la autonomía municipal", insistió el parlamentario popular, quien recordó que el anterior responsable de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística "fue nombrado a dedo" por el bipartito.

La autora de la iniciativa, la socialista Mar Barcón, recordó que no hay comparación posible entre el urbanismo de Fisterra y Barreiros con el de otros lugares. Explicó que en ambos municipios se erigieron "urbanizaciones enteras" que luego fueron ilegalizadas con setencias firmes con el consiguiente "grave perjuicio para el erario público". Lamentó que cuando desde la Xunta se le dieron instrucciones a esos dos alcaldes del PP para que paralizasen las construcciones, hiciesen caso omiso.De la misma idea es la diputada del BNG Teresa Táboas, quien censuró que la Xunta esté dispuesta a "legalizar todas las aberraciones". La nacionailsta pidió un nuevo tiempo en que se considere al suelo un bien escaso y limitado.