Duelo Iberdrola-ACS (capítulo III)

El próximo viernes hay que estar atentos a lo que ocurra en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Allí, a partir de las 11,30 de la mañana, se celebra la junta general de accionistas de Iberdrola y no se descarta que, en el mismo lugar donde se levantaban los astilleros del mismo nombre en los que se libraron batallas entre trabajadores y policía en tiempos de la reconversión industrial de los ochenta, haya acontecimientos de alcance.

Aunque las dos partes han querido quitar importancia, se da por seguro que ACS aprovechará la plataforma que ofrece la junta general para volver a reivindicar sus derechos en la eléctrica, en la que le ha sido negada la representación en el consejo de administración pese a controlar cerca del 20%. Se supone que, en esta ocasión, no será necesaria la intervención policial; pero el terreno está abonado para que las tropas jurídicas de la constructora que preside Florentino Pérez y las de la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán diriman un nuevo combate, mucho más sibilino y de esgrima de salón, dirigido por los sabios oficios mercantilistas de José Luis Chitín del Valle, por ACS, y Julián Martínez-Simancas, por Iberdrola, que se baten a degüello por sus colores, aunque son amigos desde juveniles (algo así como Iker Casillas y Xavi Hernández en el fútbol).

Así están las cosas. No se descartan sorpresas. En cualquier caso, tienen puesta la vista en julio, cuando está prevista la entrada en vigor de la disposición legal que anulará las limitaciones en el voto de las participaciones accionariales superiores al 10%. De esa forma, ACS podrá exigir más puestos en el consejo. No obstante, Sánchez Galán pretende demostrar que la constructora de los Albertos, el grupo March y Pérez no cuentan con el apoyo de más accionistas. También puede sacar otras actuaciones de la chistera. De momento, lo que ha ofrecido es una prima de asistencia para que los accionistas se identifiquen.

El año pasado, con el 13%, Pérez exigió la incorporación de un consejero, entre otras cosas por las limitaciones estatuarias de Iberdrola. Propuso a José María Loizaga (bilbaíno y amigo de José Luis Arregui, vicepresidente de la eléctrica, por si acaso); pero la junta lo rechazó en una jugada del dúo Galán-Simancas: primero se admitió que ocupara la vacante que Arregui había dejado al dimitir debido a que Ence, empresa que preside, participa en energías renovables y competía con Iberdrola; inmediatamente después un accionista apuntó que ACS tenía las mismas incompatibilidades, lo que impedía la presencia de Loizaga. Así se hizo. Para rematar, se aprobó la reducción del número de consejeros de 15 a 14. Loizaga duró 20 minutos de consejero.

Después se cruzaron demandas. ACS recurrió el veto e Iberdrola la acusó de aplicar metodología contable incorrecta. La eléctrica retiró esta demanda, quizá para no llevarse un revolcón antes de la junta, aunque puede volver a presentarla. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao aceptó sus argumentos según los que entre ambas compañías existe un conflicto de competencia "estructural y permanente". ACS anunció recurso.

El conflicto provenía del año anterior, cuando Pérez se presentó en el despacho de Sánchez Galán antes de la junta para decirle que poseía una participación que le daba derecho a un consejero, a lo que el presidente de la eléctrica le contestó que tomaba nota, pero que no había vacante y que además estaba en la competidora Unión Fenosa. Al vender Fenosa, se produjo el citado segundo asalto con el episodio de Loizaga, y Sánchez Galán volvió a esgrimir la incompatibilidad, aun a costa de sacrificar a su aliado Arregui.

Este año, con el mandato de venta de la participación en renovables por ACS y la mayor presencia de esta en el capital de Iberdrola, el ejecutivo salmantino se queda sin argumentos para oponerse a los intereses de la constructora, a no ser que apele a que la relación se ha convertido en una eterna enemistad, lo que no está muy claro si aparece en el derecho mercantil.