Moaña, la costa arbitraria

El edificio Salitre de Moaña es un monumento al descontrol urbanístico. Edificado en los ochenta sobre el cauce de un río, el Pontillón, que hoy está canalizado, el inmueble de cuatro pisos se salta completamente el deslinde de Costas. Es ilegal y la norma dice que hay que tirarlo, pero los propietarios han peleado durante años porque el inmueble, montado prácticamente sobre la arena, se erigió con licencia municipal.

El mamotreto marca el límite de una franja de la costa moañesa de unos 200 metros, la de Seara, en la que buena parte de las edificaciones se saltan la normativa. El deslinde no siempre sigue la misma lógica, además. "Hay algunos deslindes que se hicieron durante la dictadura, con pocos medios tecnológicos, en los que quizás por presión de personas con capacidad económica por un lado y vendettas personales por otro, unos terrenos quedaron fuera del dominio público y otros no", trata de explicar Víctor Pastoriza, teniente de alcalde, que repite como candidato del PSOE en las elecciones tras formar bipartito esta legislatura con el BNG, que lidera en el municipio Xosé Manuel Millán. Así se explica que algunas viviendas más próximas al mar sean legales y otras, detrás, no.

El edificio Salitre, levantado cerca de la arena, recibió licencia municipal

Para el arquitecto Juan Rivas, moañés de nacimiento y batallador incansable por la recuperación costera, los motivos de los desmanes tienen una causa: "No hay criterio". Y hay muchas Administraciones implicadas.

Según el concejal de Urbanismo, Valentín Piñeiro, las viviendas en peligro son unas 60, tras un proceso en que algunas se han ido legalizando. Sobre las restantes no ve más solución que la de trasladar a sus vecinos a la zona de A Xunqueira, relativamente próxima. La idea, planteada con la construcción en auge, está ahora estancada. Pedro Delgado, secretario de la asociación de afectados por la Ley de Costas de Moaña, tampoco tiene excesiva fe en que los inmuebles puedan aguantar mucho tiempo sin ser derribados. Su aspiración ahora, que no es la de todos los implicados, es conseguir una concesión sobre los terrenos de entre 10 y 30 años.

El candidato del PP, José Fervenza, que además de edil es también diputado autonómico y constructor, apadrinó el año pasado una propuesta de modificación de la Ley de Costas con la que se pretendía regularizar estas viviendas. El PP buscaba cubrir también otros casos de la costa gallega con peligro de derribo, como el de los núcleos rurales tradicionales de Marín. Pero los supuestos son distintos, apunta Rivas. "El núcleo tradicional de Moaña está en San Martiño, monte arriba. Los valles aquí eran muy ricos y a la gente no le hacía falta ir a pescar con este vergel", asegura, mientras muestra fotografías de la evolución de la línea de costa de la localidad durante el último siglo.

Rivas, cuyos proyectos han sido adoptados para varias actuaciones en el litoral del municipio, critica a todos los grupos políticos por igual y alerta de las consecuencias del próximo plan general de urbanismo, que ultima su tramitación en la Xunta tras un pacto municipal. El aumento de la edificabilidad en la finca del Real, una de las pocas zonas sin desarrollar que quedan junto a la costa, o el polígono industrial que contempla el documento son algunos de los puntos que censura. Señala como positivo, no obstante, una circunstancia paradójica: los rellenos acometidos hace 30 años para dar cabida al tráfico rodado se han rediseñado en los últimos tiempos y han permitido ganar para la vida vecinal un área junto a la ría.

Pastoriza hace autocrítica. "Tanto nosotros como el PP tuvimos capacidad para resolver las cosas. No lo hicimos y hemos llegado a una situación envenenada", cuenta respecto a las casas afectadas. En otras cuestiones el enfrentamiento político sigue mediatizándolo todo.

El Ayuntamiento ha multado en los últimos años a varios vecinos por infracciones urbanísticas. Fervenza se opuso denodadamente y se ofreció a asesorar a los vecinos contra las multas. A tres días de las elecciones, explica su proceder como una respuesta al "enfado monumental" de los vecinos por supuestos agravios comparativos en la tramitación de los expedientes de multa. "Hay que cumplir la ley", matiza. Piñeiro despacha el episodio como una "ocurrencia" de su rival en las urnas.