Educación y familias presionan para no cronificar el conflicto de los comedores

Son ya tres años de huelgas, protestas y reuniones poco fructíferas entre la patronal y los sindicatos. La huelga de los comedores escolares públicos, que atienden a 90.000 niños, inició ayer su tercera semana consecutiva de paros, que en esta última oleada están afectando sobre todo a los centros públicos de Vizcaya y Guipúzcoa.

A pesar de que las protestas están contando con menos apoyo que en las convocatorias del año pasado, las asociaciones de padres de la escuela pública y el Departamento de Educación han incrementado en la última semana la presión sobre los sindicatos y la patronal. Todo porque el curso entra en su recta final y se repite un escenario muy similar al del anterior: las huelgas se intensifican en los meses previos al final de curso, el verano paraliza las negociaciones y congela la virulencia de las protestas sindicales, que solo retoman las huelgas una vez que el curso siguiente ha avanzado considerablemente.

Crean interrogantes sobre la mejora de las condiciones de principio de curso

La diferencia de este final de curso con el anterior -además de la división de los sindicatos, ya que la huelga está impulsada por LAB, ELA y UGT- es el esfuerzo económico de las familias y el Departamento de Educación, así como su hartazgo con respecto a la situación. "Las familias no pueden más", sintetiza Lurdes Imaz, de la asociación de padres y madres de la escuela pública, mientras que la viceconsejera de Administración y Servicios Marisol Esteban, critica a los sindicatos por tratar como "rehenes" a los niños. A pesar de que la semana pasada Educación apretaba las tuercas tanto a las empresas como a los sindicatos, ayer la viceconsejera compareció ante los medios con un discurso claramente crítico con los sindicatos. "Somos huelguistas, no delincuentes", contestaron estos.

En septiembre, las familias empezaron a pagar más para sufragar el incremento de 18 horas anuales de jornada que pedían las monitoras para coordinarse y dar mayor calidad al servicio. De este modo, el sistema de comedores escolares públicos en Euskadi ha alcanzado cifras dignas de mencionar: 90 millones de euros del departamento, más 30 millones pagados por las familias -el 45% de los niños acuden gratis por ser becarios-, con 2,5 millones añadidos por las 18 horas.

El resultado es visible: más huelgas en un servicio que se ha convertido en un imprescindible para posibilitar la conciliación entre el trabajo y la familia, una realidad que se demuestra con los 9.000 niños más que ha sumado el servicio en dos años.

Ahora, tanto Educación como las familias se plantean echar atrás la mejora iniciada en septiembre. Y es que este ha supuesto mejoras insuficientes para los trabajadores, cuyo principal escollo para alcanzar un acuerdo pasa por la misma cuestión salarial de siempre: equipararse al sueldo de los trabajadores contratados por el departamento, lo que supondría un incremento del 5%. Esto está en manos de las empresas encargadas de ofrecer el servicio de comedor, que aseguran no poder hacer más concesiones.

Su última propuesta, planteada el martes pasado después de reunirse las partes por separado con el departamento, no supone cambios salariales, e incluye una variable basada en el absentismo "casi imposible de cumplir". Desde entonces, los sindicatos han presentado su posición, que no ha sido contestada por la patronal. Ayer, LAB criticaba que las empresas "no tienen ninguna prisa" por solucionar el conflicto.

Junto al incremento de la tensión entra en juego un factor añadido que condiciona la negociación: las empresas están en pleno concurso público para gestionar los comedores. La crisis acrecienta los intentos de presentar la oferta más económica para Educación, algo que pone freno a posibles nuevas propuestas salariales.