El juez acelera la causa contra Camps por aceptar regalos de la trama Gürtel

El juez José Flors, que instruye la causa por cohecho pasivo impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps, y otros tres altos cargos por haber aceptado presuntamente regalos de la trama Gürtel, aceleró ayer el procedimiento. Flors decidió no añadir a la causa a los cabecillas de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, quienes, según la investigación, dieron los sobornos mientras saqueaban los fondos públicos con la connivencia del Gobierno y el PP valencianos. De haber incorporado a los cabecillas a la causa, el procedimiento se hubiese retrotraído a la fase de instrucción y la decisión de abrir o no juicio contra el presidente de la Generalitat se habría demorado varios meses.

La negativa de Flors convierte la decisión de sentar en el banquillo a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret en cuestión de días. Cabría, apuntan fuentes jurídicas, que se produjera antes de las elecciones del 22. Pero dado que contra el auto de Flors cabe recurso (ya que la resolución se refiere a la primera inhibición dictada por el TSJ de Madrid), y de hecho la Fiscalía Anticorrupción ya anunció ayer que lo presentaría, las fuentes consideran más probable que la audiencia preliminar tenga lugar la semana que viene o la siguiente. Después, el magistrado tendrá tres días para decidir. Los pasos dados hasta ahora por Flors, agregan las fuentes, indican que está determinado a abrir el juicio oral.

El juez señala en su auto que a Correa y los otros dos cabecillas se les atribuye, en el grueso del caso Gürtel, "que con la finalidad de conseguir un provecho económico" trataron de "ganarse la buena disposición, la confianza o el favor de diferentes autoridades y funcionarios públicos con competencia en diferentes lugares del territorio nacional mediante la entrega de diversos obsequios, más o menos valiosos, cuyo importe se abonaba con cargo a las cuentas de dichas sociedades, con las que solían concurrir ante las Administraciones públicas para obtener la adjudicación de muy variados contratos". Todo ello, sigue, constituiría un delito de cohecho activo cometido a escala de toda España con un "propósito único y común". Y siendo así, concluye, el principio de "continuidad delictiva" desaconseja que sean juzgados en Valencia por solo una parte de dicha conducta. El magistrado señala igualmente que con el Código Penal vigente en el momento de los hechos, la entrega de dádivas a cargos públicos acarrea castigo para los funcionarios, pero no para los donantes.

El tribunal también decidirá el jueves si asume el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Hacerlo supondría imputar por financiación ilegal, prevaricación, cohecho y delito fiscal a la cúpula del PP y el Gobierno valenciano. A Camps le preguntaron ayer por ambas cuestiones, informa Miguel Olivares. Al primer reportero le dijo que no contestaba porque estaba allí para hablar de economía. Al segundo le dijo: "Por la misma razón [no contesto]. Así quedan empatado uno y otro".