Más dinero, pero sin perder competencias

Los tres principales partidos que concurren a las elecciones locales coinciden en la necesidad de mejorar la financiación municipal, aunque no aportan propuestas concretas y desvían la cuestión al ser el modelo de financiación una competencia estatal. Ninguno quiere poner más impuestos ni reivindica alguno estatal o autonómico. Otra de las coincidencias es que ninguno apuesta firmemente por abandonar algunas de las denominadas "competencias impropias". El senador Juan Manuel Fernández (PSOE), el diputado nacional Juan Manuel Moreno (PP) y la edil cordobesa Elena Cortés (IU) explicaron sus propuestas para la financiación local frente a frente.

Pregunta. ¿Cuál sería el modelo de financiación local que propugna su partido?

JUAN M. FERNÁNDEZ (PSOE) "No planteamos poner nuevas figuras impositivas"

JUAN M. MORENO (PP) "Hay que definir un catálogo claro de competencias"

ELENA CORTÉS (IU) "La FEMP dice que la propuesta de la Junta es partidista"

JUAN M. FERNÁNDEZ (PSOE) "Los municipios son descubridores de competencias"

JUAN M. MORENO (PP) "Transparencia absoluta del salario de ediles y alcaldes"

Elena Cortes (E. C.). Ninguno, porque a pesar de que llevamos 30 años con acuerdos políticos sobre que tiene que haber un pacto local, que cumpla el artículo 142 de la Constitución, desde los Ayuntamientos desgraciadamente no es posible cambiar el modelo de financiación. Mantenemos la propuesta de un acuerdo para la financiación autonómica y local al mismo tiempo. Era un compromiso del presidente del Gobierno que no ha cumplido, y que ha dejado a los Ayuntamientos como los hermanos pobres de la Administración. Tiene que haber un reparto de la financiación al 33%-33%-33% entre Estado, autonomías y Ayuntamientos. Pedimos mayor capacidad de gasto y una mejora de la financiación local.

Juan Manuel Fernández (J.M.F.). Evidentemente, el modelo corresponde fijarlo a otros niveles. Se hace mediante una ley estatal, por lo tanto, lo que se puede plantear en estas elecciones es cómo abordar las dificultades que cada ayuntamiento tiene. Como modelo global, desde la Junta se han aprobado las leyes municipales recientemente y se ha aumentado muchísimo la financiación incondicionada, y somos la única comunidad que lo ha hecho. Hace falta un pacto local a nivel nacional que fije competencias y defina la financiación de los Ayuntamientos para que sea suficiente. Pero también en los Ayuntamientos hay que hacer cosas diferentes.

Juan Manuel Moreno (J.M.M.). Los Ayuntamientos están al borde del colapso financiero por diversas causas, unas históricas, de 30 años, en los que se ha hecho una fuerte descentralización en el ámbito autonómico que no ha llegado a los Ayuntamientos, y que no ha sido remediado en esta legislatura, a pesar de los compromisos. ¿Qué hay que hacer para sacar de esa situación a los Ayuntamientos, que solo representan un 13% del total del gasto público? Pedimos la segunda descentralización que transfiera competencias y recursos desde el ámbito autonómico. Hacer un catálogo competencial para evitar duplicidades, la reforma de la Ley de Haciendas Locales y un nuevo modelo de financiación local que dé más capacidad. Todo sumado a un compromiso de austeridad.

P. ¿Qué impuestos reclamaría para la competencia local?

J. M. F. No planteamos poner nuevas figuras impositivas en los Ayuntamientos en este momento. Lo que hemos hecho, por parte del Estado y de la Junta, es dar mayor aportación a los Ayuntamientos. Este año ha subido la aportación del Estado un 9%, y pasa de 14.000 millones, y la idea es que tengan más financiación. Ya con lo que aporta el Estado y la Junta alcanza al 30% de los gastos de los Ayuntamientos.

E. C. Lo que planteamos desde que comenzó esta crisis es que este país necesita una reforma fiscal progresiva. El Estado tiene que recaudar más dinero de las rentas del capital, de los grandes especuladores y de los grandes banqueros. Hay que bajar los impuestos al 65% de la población y hay que aumentar los impuestos al 35% restante, además de recuperar el impuesto de patrimonio o grabar más a las Sicav. No planteamos más figuras impositivas.

J. M. M. No contemplamos subir la presión fiscal al ciudadano, que la consideramos excesiva en su conjunto. Sí sería interesante ver si existe la posibilidad de participación de las grandes ciudades en otros impuestos como el IRPF. Lo que planteamos es la participación en los ingresos del Estado, y sobre todo en los de las comunidades autónomas, que actualmente no existen y es una figura sólida y sensata. Hay que hacer convenios entre las distintas Administraciones para no duplicar servicios, y que la Administración más cercana y más eficiente sea la que asuma esa competencia y ese servicio.

J. M. F. Una puntualización. Nos estamos quedando en los dineros que llegan de forma incondicionada del Estado y de las comunidades. Pero hay otras políticas que también van a parar con muchos fondos a los Ayuntamientos, y no los consideramos, y van a programas específicos, de inversiones, equipamientos o de servicios. Al final llegan muchos más recursos que ese 30%.

E. C. Sí, pero el problema es estructural, porque no se ha hecho una reforma en profundidad de la ley de haciendas locales.

J. M. F. La Junta ha pasado de 200 a 420 millones los fondos este año. Que multiplique por más de dos es muy importante.

E. C. Es verdad que la propuesta de Andalucía no es comparable a la de Madrid, pero es insuficiente. Y la FEMP plantea que las transferencias son insuficientes, y que hay un grado de partidismo a la hora de establecer convenios.

J. M. F. El esfuerzo que se hace desde Andalucía es muy importante, y significa que hay una apuesta clara por aumentar la financiación.

E. C. Si pero este año hay que devolver la PIE, más de 1.000 millones.

J. M. F. Esa cifra no es cierta. Son 1.400 millones a devolver en cinco años, con lo que este año son 350 millones.

J. M. M. Los convenios de la Junta son absolutamente arbitrarios. Puedo poner ejemplos en los que hay un trato discriminatorio, claramente desfavorables. Estamos ante un instrumento que no es positivo. Hay que establecer criterios objetivos.

J. M. F. Lo que es indiscutible es que la financiación de la PIE ha subido este año un 9% a pesar de la devolución.

J. M. M. Lo que está claro es que este Gobierno no atendió la petición unánime de la FEMP de reformar la financiación autonómica y municipal a la vez, y está claro que ha sido un Gobierno claramente insensible a la situación de asfixia municipal.

P. ¿Qué competencias impropias abandonaría como alcalde?

J. M. M. Dejar de construir centros de salud y colegios porque la competencia exclusiva es de la comunidad.

E. C. Según la FEMP, los Ayuntamientos nos gastamos un 25% del presupuesto total en competencias impropias, fundamentalmente en seguridad, cultura y servicios sociales. Lo que tendría que hacerse es una pedagogía para que los ciudadanos sepan quiénes son los competentes para hacer determinado tipo de cosas y que la administración autonómica dé la cara.

J. M. F. La ley andaluza fija 29 competencias municipales, pero los Ayuntamientos son descubridores de competencias. Lo que hay que plantear es, más que eliminar competencias impropias, clarificar cuál es la financiación. Y luego se ha dicho que los Ayuntamientos construyen centros de salud y eso está financiado al 100% por la comunidad.

E. C. El problema es que la Administración ha fijado las competencias por ley, pero no ha cuantificado cuál era el gasto.

P. ¿Creen que las Diputaciones deben seguir existiendo?

E. C. Pensamos que las Diputaciones deben desaparecer y deberíamos ir a una comarcalización, agrupación de municipios, que gestionen servicios mancomunados, y que gestionen todo el dinero que ahora gestionan las diputaciones.

J. M. M. Nosotros consideramos que hay que revisar la utilidad de las entidades locales supramunicipales, sobre todo las mancomunidades, que han supuesto duplicidad de gasto y de servicios. Estamos en que hay que modernizar las Diputaciones y definir un sistema competencial claro y preciso.

J. M. F. Por la configuración de Andalucía, sus municipios, su tamaño, hay muchos municipios pequeños, muy dispares cualitativamente, y el que tengas un órgano en la provincia para compensar las desigualdades... Si no existieran las Diputaciones habría que inventarlas. La casuística no se puede mirar con las gafas de las grandes ciudades. Y el modelo lo hemos creado en la Diputación de Granada: el de la concertación.

P. ¿Consideran que los sueldos de alcaldes y concejales deben estar regulados?

J. M. F. Hay un acuerdo ya en ese sentido en la FAMP que ha fijado unos criterios de referencia que se empezarán a marcar a partir de estas elecciones.

J. M. M. Estamos a favor de que haya transparencia absoluta en los salarios de alcaldes y concejales, y que el ciudadano pueda valorar. Y es más, estamos dispuestos a estudiar una norma con rango de ley que establezca unos criterios claros y transparentes para el conjunto de todas las Administraciones, no solo los Ayuntamientos.

E. C. Desde IU lo que planteamos es que hay cientos de concejales y de alcaldes y alcaldesas que no cobran o que cobran sueldos de 400, 500 o 600 euros. Frente a eso hay eurodiputados que no votaron viajar en turista, y solo el 12% de los diputados a Cortes cobran exclusivamente del Congreso. Austeridad para todos. Hemos cumplido el acuerdo de la FAMP, pero habrá que poner un límite a los salarios máximos en la empresa privada también.