Lastre foral para la recuperación

En un momento de frágil recuperación económica, cualquier decisión tributaria equivocada puede convertirse en un problema. Cualquier error de cálculo en las previsiones puede llevar aparejado un sobresalto de difícil solución. Cualquier pago imprevisto puede descuadrar unos presupuestos ya muy ajustados debido a la dura crisis de ingresos que sufren todas las instituciones vascas por la rebaja en la recaudación, que la estructura tributaria diseñada por las Diputaciones no ha podido atenuar.

Si la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las instituciones forales a devolver a la Agencia Tributaria el IVA por la importación de vehículos de Rover y la resolución de la Comisión Europea de sancionar a las Diputaciones por las vacaciones fiscales, las ayudas forales a la inversión de los años noventa, ya resultaban graves por separado, "juntas son un auténtico lastre para reforzar el papel de las administraciones públicas como impulsores de la recuperación económica", aseguran fuentes de la Diputación de Guipúzcoa.

La suma de las dos sanciones supone casi 230 euros por cada ciudadano

A los 50 millones de euros que supone la multa inicial que el Tribunal de Luxemburgo tiene que confirmar a propuesta de la Comisión Europea, se suman los 435 millones del caso Rover que quieren devolver a plazos desde el próximo año el Gobierno y las Diputaciones. En total, 485 millones, cifra que se acerca a un punto del PIB vasco que se restará de la capacidad de impulsar la economía desde los presupuestos públicos con inversiones o ayudas para mejorar el tejido empresarial.

Esa cantidad supone unos 230 euros por ciudadano. "Nos acaban de multar a todos los ciudadanos, niños y viejos incluidos, con casi 230 euros cada uno sin comerlo ni beberlo", asegura un experto en Hacienda pública, quien recuerda que la multa europea podría ser mayor si las Diputaciones no se avienen a pagar inmediatamente la primera y empieza a contar la segunda (un millón cada cuatro días).

En vísperas del debate sobre la posible reforma fiscal que Gobierno y Diputaciones han dejado para después de las elecciones del próximo domingo, otro experto asegura: "Las Haciendas no pueden pretender que la sociedad, además de perder ingresos por los incentivos fiscales a las empresas, paguen también por no hacer que estas devuelvan lo que cobraron ilegalmente, y además por sus errores en la interpretación del Concierto en el caso Rover".

La pasada semana se vio en Luxemburgo el último de los recursos de las Haciendas forales por las vacaciones fiscales. La nueva Diputación alavesa que surja de los comicios del día 22 deberá negociar con la Agencia Tributaria cómo devuelve los 435 millones de euros de las operaciones del IVA de la exportación de Rover entre 1990 y 2005, que según el Supremo ingresó, sin tener competencia para ello Eso sí, lo hizo cumpliendo una resolución de la Junta Arbitral de Concierto que ordenó a la Agencia Tributaria ingresar esa cantidad en la Hacienda alavesa.

Algunos de los especialistas consultados critican que la estructura fiscal del País Vasco se halla claramente volcada en beneficiar a las empresas. Así, en el epicentro de casi todos los roces entre las Diputaciones y el Estado y entre estas y Europa en materia fiscal figuran las reducciones fiscales a empresas.

El Consejo de Sabios que asesora al lehendakari, Patxi López, ya lo sugirió al proponer que la estructura fiscal cambie su enfoque e intente que las empresas vascas sean competitivas, no porque pagan menos impuestos que en el entorno, sino porque tienen mejores productos.

En el IRPF, los ejes de la reforma se centrarán en reforzar la lucha contra el fraude, partiendo de la coordinación fiscal, y en volver a gravar juntos los rendimientos del capital y del trabajo.