La Comisión Arbitral da la razón a las Diputaciones frente al PP
La Comisión Arbitral, el órgano que dirime extrajudicialmente conflictos de competencias entre las instituciones comunes y los órganos forales de los territorios históricos, dio ayer la razón a las tres Diputaciones en su impugnación a una proposición de ley del PP sobre medidas de apoyo a emprendedores y pequeñas empresas.
La decisión fue adoptada por unanimidad -el órgano está compuesto de modo paritario por tres representantes del Gobierno y uno por cada una de las Diputaciones- y permitirá reanudar la tramitación de la iniciativa legislativa del texto. Esta, que se hallaba en el trámite de enmiendas, quedó paralizada en enero, tras presentar las impugnaciones las instituciones forales. El portavoz del PP en materia económica, Antón Damborenea, atribuyó esa impugnación a un mero interés del PNV de retrasar la norma para darse tiempo a presentar las ayudas como parte de su programa electoral.
Las impugnaciones forales cuestionaron los artículos 9, 10, 12.3 a) y 16.1. En los dos últimos el dictamen les da la razón y estima que suponen una invasión en las competencias forales. El primero de ellos encomienda al Gobierno enviar al Parlamento en cada legislatura un plan para "promover un marco económico que facilite la creación de empresas" en Euskadi. La impugnación de las Diputaciones se ancla en que se incluya, entre otras, la obligación de hacerlo "a través de medidas de carácter fiscal".
Ayudas fiscales
El segundo artículo en cuestión encomienda al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), lugar de encuentro de Gobierno y Diputaciones en materia tributaria, la elaboración de "una propuesta sobre las ayudas fiscales". "Es absurdo pretender que el Gobierno no puede plantear ninguna modificación fiscal en el OCT, cuando se creó precisamente para eso y lo han hecho todos los Gobiernos vascos", indicó ayer Damborenea a EL PAÍS respecto de este segundo punto tras conocer la decisión de la Comisión Arbitral.
Las Diputaciones han visto rechazados sus planteamientos en otras cuestiones, una de ellas por estimar la comisión que ni siquiera atañe a sus competencias y otra por no precisar debidamente cuál consideran vulnerada.
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