El tribunal rechaza los recursos en la causa por cohecho contra Camps

Las encuestas pronostican que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, conseguirá una abultada mayoría en las elecciones del 22 de mayo. Su futuro judicial se antoja, en cambio, mucho menos claro. El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó ayer los últimos recursos pendientes en la causa de los trajes, en la que Camps y otros tres altos cargos están imputados por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. La red corrupta que, según la investigación, saqueó los fondos públicos valencianos con la connivencia de la Generalitat y el PP regional.

El caso queda así en manos del juez José Flors, quien, por los pasos que ha dado en los muchos meses que lleva instruyendo la causa, parece decidido a sentar a Camps en el banquillo de los acusados para que sea juzgado por cohecho pasivo impropio. El magistrado podría dictar dicha resolución, señalan fuentes jurídicas, la semana que viene.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ya había desestimado el último recurso de Camps en este caso. Y el juez Flors había convocado la audiencia preliminar, el acto que precede inmediatamente a la apertura o no de juicio oral.

Sucedió, sin embargo, que antes de que pudiera celebrarse esa vista la causa de los trajes fue alcanzada por la primera inhibición dictada por el instructor del grueso de Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. El tribunal valenciano asumió la competencia de dicha primera inhibición, referida al reverso del soborno por el que está imputado el presidente; esto es, a Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, los cabecillas de la red, que fueron quienes supuestamente entregaron las dádivas.

La Sala Civil y Penal del TSJ asumió la competencia y dejó a Flors "plena libertad de criterio" para optar si juzgaba conjuntamente o por separado a los presuntos sobornadores y a los presuntos sobornados.

Esa decisión reabrió la posibilidad de plantear recursos, en este caso contra la decisión de la sala. La oportunidad fue utilizada por los abogados del PP y por el de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, ahora empleado por la Diputación de Valencia, que está imputado con Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos en la causa de los trajes.

En sus recursos de súplica rechazados solicitaban que se acordara "la nulidad de todas las actuaciones" o, si no, que se retrotrayera el caso a la casilla de salida, la Audiencia Nacional, al entender que desde ese punto del procedimiento se habían producido "quebrantamientos clarísimos de las normas procesales y constitucionales". El TSJ despachó ayer la petición: "Este tribunal carece de competencia para resolver [el recurso]. Tal solicitud, además de ser excepcional, debe plantearse ante el órgano judicial ante el que se hubieren practicado las actuaciones presuntamente nulas". El tribunal señaló que tampoco "los cambios de criterios invocados por parte de la fiscalía o de los tribunales no generan per se, en modo alguno y máxime en el proceso penal, una nulidad". Y recordó que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que cualquier deficiencia formal en un proceso "sólo es invalidante si provoca indefensión"; "sin estas exigencias el defecto formal no pasa de mera irregularidad sin virtualidad anulatoria".

Al reafirmarse en la primera inhibición, el TSJ adelanta que también asumirá en los próximos días la segunda, lo que supondría imputar por cohecho, prevaricación, delitos electorales (financiación ilegal) y fiscales, al menos, a otros siete altos cargos del círculo de máxima confianza de Camps. Es decir, que la próxima legislatura estará más marcada por Gürtel que la que termina.