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Columna
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Propuesta frívola

El debate sobre el sistema electoral reaparece periódicamente en la mayor parte de los países democráticos. El referéndum celebrado el pasado 5 de mayo en el Reino Unido ha venido a recordarnos que incluso el Estado constitucional más antiguo y con una de las más brillantes trayectorias democráticas en el mundo no dispone de un sistema electoral libre de toda sospecha. Aunque el resultado del referéndum haya ratificado por una muy amplia mayoría el sistema tradicional británico de mayoría en una primera y única vuelta, que se traduce en que un porcentaje muy amplio del cuerpo electoral se queda sin representación institucional, el hecho mismo de que se haya celebrado el referéndum ya es un indicador de que se consideraba que había un problema importante. El referéndum no es una institución por la que los ingleses sientan inclinación. Buena prueba de ello es que este ha sido el segundo referéndum que se ha celebrado en toda la historia inglesa.

Quiero decir con ello que no debe extrañarnos que el debate sobre el sistema electoral se haya abierto también en Andalucía en la campaña electoral del próximo 22 de mayo. Como es sabido, el PP ha puesto en circulación la propuesta de que sea alcalde el candidato de la lista más votada en cada municipio, independientemente del porcentaje de voto alcanzado. Esta propuesta supone la modificación parcial de facto del sistema de representación proporcional por otro mayoritario. El sistema proporcional operaría para la elección de los concejales, pero no para la elección del alcalde.

La propuesta del PP supone la combinación de dos principios de legitimación democrática distintos, que operan de manera diversa y, con frecuencia, de manera opuesta. De ahí la dificultad, por no decir la imposibilidad, de que una propuesta de esta naturaleza se pueda poner en práctica. Para que una corporación municipal pudiera funcionar con un sistema en el que el alcalde fuera automáticamente el candidato de la lista más votada, se tendría que prever una cierta corrección en la asignación de escaños a los diferentes partidos atribuidos mediante el sistema de representación proporcional, ya que, de lo contrario, el riesgo de que el gobierno municipal estuviera permanentemente en minoría sería muy alto. En tales condiciones, la parálisis de la acción de gobierno estaría a la orden del día.

Creo que podría ser oportuno que se hiciera una reflexión, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, por ejemplo, sobre la conveniencia de revisar nuestro sistema electoral para las elecciones municipales, y que se investigara si, tras la experiencia acumulada en las más de tres décadas transcurridas desde las primeras elecciones de 1979, sería conveniente modificar el sistema electoral en el sentido apuntado por los dirigentes andaluces del PP para la elección de alcalde, incluyendo en la reforma los cambios que además fueran necesarios en la atribución de concejales para que dicha fórmula pudiera operar.

Una reforma de esta naturaleza no puede alcanzarse mediante un pacto entre partidos elevado a escritura pública ante notario. Esto es una frivolidad impropia de un partido que no ha gobernado en Andalucía, pero que sí ha gobernado en España y en múltiples comunidades autónomas y municipios y que debería saber que las reglas del juego son las reglas del juego y que con ellas no se puede jugar. Sería bueno saber si el PP estaría dispuesto a llevar en su programa electoral de 2012 una propuesta en este sentido, porque al final un cambio de esta naturaleza tiene que introducirse mediante ley orgánica.

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