Tres lenguas y para todos

El modelo educativo que haya que aplicar en el sistema escolar valenciano siempre deberá contar con la presencia de, cuando menos, tres lenguas.

Valenciano y castellano son lenguas oficiales, según lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La normativa legal que desarrolla este mandato superior establece, para el territorio de predominio lingüístico valenciano, que valenciano y castellano deben ser enseñados obligatoriamente en el sistema educativo y que todos los alumnos han de lograr un dominio igual de ambas lenguas, mientras que para el territorio de predominio lingüístico castellano se hace una excepción en lo tocante al conocimiento del valenciano. En estas comarcas, el alumnado puede recibir la enseñanza como si viviera en las comunidades vecinas, en detrimento de su propia formación, de sus posibilidades de comunicación e incluso de oportunidades laborales en su propia comunidad autónoma u otras. Razones de naturaleza política se imponen a la razón misma.

Con respecto a las lenguas extranjeras, cuando la ley formula los objetivos educativos no habla de dominio, sino de expresarse con fluidez y corrección. El diferente papel social de unas lenguas y otras lo explica sobradamente.

Para conseguir estos objetivos se ha de optar por un modelo de enseñanza plurilingüe eficaz. Sabido es que con la mera asignatura de valenciano no se llega a nada parecido al dominio y que la sola asignatura de inglés nos sigue dejando al final en la cola de la fluidez y corrección.

Al respecto, la Consejería de Educación ya afirmaba en 1991 que "toda planificación lingüística, si se quiere eficaz, debe tener en cuenta todos y cada uno de los factores que configuran el contexto en que debe ser aplicada (...) este plan de enseñanza debe partir, por un lado, del hecho inevitable de que la Comunidad Valenciana está configurada por rasgos idiosincráticos singulares -medio geográfico-natural, estructura socio-económica, patrimonio cultural, personalidad histórica, talante vital- y una compleja y todavía conflictiva situación sociolingüística, que lo convierten en una entidad socio-política con personalidad propia y que exigen una respuesta propia al hecho educativo; y, por otra, del ordenamiento legal diferencial...".

Son palabras sensatas por cuanto reconocen que: a) la cuestión es compleja; y b) que se debe responder de manera planificada. Podemos presentar un balance lleno de matices de cuanto se ha hecho (y se ha dejado de hacer) en cumplimiento de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, pero, en todo caso, esta ley proporciona, desde 1983, a todo el alumnado valenciano la posibilidad de aprender las dos lenguas oficiales mediante el programa bilingüe más adecuado a sus características y a las de su entorno, aunque también consiente que este bien cultural se pierda para una parte de la población escolar, como hemos explicado más arriba.

Durante todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas. Estos días se oye y se lee en los medios de comunicación el consejo que dan las universidades valencianas a las familias que han de matricular a sus hijos e hijas en escuelas e institutos: que elijan un programa de enseñanza en valenciano o de inmersión lingüística porque sabemos que dan los mejores resultados en el aprendizaje de las dos lenguas oficiales y de la extranjera. Que lo digan las universidades tiene el valor añadido que aporta la institución encargada de la educación superior. La universidad no solo entiende de métodos y estrategias de aprendizaje, aconseja también por la meridiana constatación que hace de los resultados académicos obtenidos por el alumnado.

Nada de esto podemos encontrar en la Orden 19/2011, de 5 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se crea, de manera inmediata, una red de centros denominados plurilingües. Este caudal de experiencia se ignora deliberadamente, porque ahora se trata de cambiar valenciano por inglés, no de consolidar el bilingüismo para saltar con acierto hacia el multilingüismo. Se trata de más propaganda, no de más y mejor educación.

En primer lugar, porque los objetivos educativos que están en el principio de todo requieren que el modelo educativo a aplicar extienda sus benéficos efectos en materia lingüística (el dominio o la competencia comunicativa) sobre el conjunto de la población escolar. La consejería, en cambio, crea una red donde los centros ingresan voluntariamente, tanto si son de educación infantil como de secundaria, sin importar el momento en el que el alumnado empieza a estudiar en inglés ni asegurar la continuidad. Además, cada centro deberá poner los medios, empezando por el profesorado con formación suficiente, el cual ni abunda ni es estable. La misma consejería confía tanto en la calidad de su modelo que deja a elección del alumnado la lengua en que realizará las pruebas de evaluación, al margen de la lengua en que se imparta la materia.

Una vez más, asistiremos a uno de los hechos más relevantes del momento educativo, la posibilidad de aprender a usar, por fin, una lengua extranjera, sin el cuidado y la asistencia planificada de los poderes públicos. ¿Tendremos barracones lingüísticos?

Vicent Esteve es maestro y miembro del Consejo Escolar Valenciano por el STEPV.