El aeropuerto de Castellón se retrasa por la deuda del Consell

La Generalitat debe a la empresa concesionaria 17 millones de euros

La falta de liquidez del Consell está retrasando aún más la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Castellón. El gobierno de Francisco Camps adeuda 17 millones de euros a la empresa concesionaria de las instalaciones aeroportuarias, que no puede hacer frente a las exigencias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea necesarias para solicitar los permisos de vuelo que harían operativo el aeropuerto.

La deuda de la Generalitat corresponde al impago de 11 millones de euros por atrasos en las obras, más cuatro por sobrecostes del proyecto y otros 2,4 del pago del último plazo del préstamo concedido para financiar la infraestructura aérea.

El consorcio de entidades financieras integrado por el Banco Santander, el Banco de Sabadell, la Caixa-Banco de Investimento, la Caja San Fernando, Deixa Sabadell Banco Local y Natexis Banques Populaires, ha declarado el vencimiento del préstamo de más de 30 millones de euros concedido en su día para financiar la infraestructura, según fuentes aeroportuarias, porque el Consell no ha pagado en la fecha límite establecida para ello, el pasado 31 de marzo, el último plazo de 2,4 millones de euros.El consejero de Economía, Gerardo Camps, admitió ayer la deuda, aunque aseguró que el Consell hará efectivo este pago "antes de que acabe el mes o a principios del siguiente". Pero no es la única obligación financiera contraída por el Gobierno valenciano con el aeropuerto que hasta la fecha ha sido incumplida. Camps también reconoció que los 15 millones que se deben a Concesiones Aeroportuarias en concepto de atrasos y sobrecostes en la obra debieron pagarse en diciembre.

La infraestructura está acabada, pero faltan obras menores

La morosidad del Consell ha provocado, además, el incumplimiento del contrato de gestión del aeropuerto firmado el pasado 23 de marzo, en el que la concesionaria, integrada por las empresas Globalvía, Lubasa y PGP, renunciaba a la cláusula que le permitía cobrar del Gobierno valenciano 6 euros por cada pasajero que faltara para alcanzar los 600.000 viajeros anuales previstos durante los ocho primeros años de explotación, a cambio del reequilibrio económico del aeropuerto.

De momento las entidades bancarias no han aceptado el documento, que estaba condicionado a garantizar la estabilidad presupuestaria de la infraestructura.

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La situación "pre-concursal" que atraviesa el aeropuerto por el impago de las obligaciones financieras, según fuentes cercanas a la gestora de las instalaciones, también está causando retrasos en la solicitud de los permisos de vuelo al Ministerio de Fomento.

La obra está concluida, pero a petición de los técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende de Fomento, deben realizarse una serie de obras menores para adecuarse a las exigencias establecidas por la Ley de Navegación Aérea. La falta de liquidez de la constructora por la deuda del Gobierno de Francisco Camps ha impedido realizar estos trabajos y aún no han podido reclamar los permisos para que el aeropuerto sea operativo.

La situación económica del aeropuerto de Castellón ha atravesado dificultades desde que en 2000 el Gobierno de José María Aznar se negó a que el Estado financiara la infraestructura. Permitió al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que construyera las instalaciones, pero le instó a que buscase el dinero necesario. Fabra implicó al Gobierno valenciano para participar en el pago de una infraestructura que ha acabado costando 150 millones de euros. La difícil situación financiera del Ejecutivo valenciano ha provocado retrasos de más de dos años en la ejecución de los trabajos y los permisos de vuelo tardarán meses en llegar según las previsiones de los técnicos.

Hasta el momento, el aeropuerto solo ha servido para celebrar la fiesta inaugural.

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